19 de septiembre de 2019
19.09.2019

Ratificada la multa a la empresa de ayuda a domicilio por no abonar un plus salarial

La desestimación del recurso empresarial consolida los 35.000 euros de penalización y abre la puerta a la resolución del millonario contrato

19.09.2019 | 02:59

Tras meses de tiras y aflojas, la Fundación Municipal de Servicios Sociales confirma una penalización de 35.257 euros a la empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio por incumplir en el primer semestre de vigencia del contrato la condición de mejora salarial de 600 euros a las trabajadoras. La firma es Aralia que ha estado desde el minuto uno de su llegada a Gijón en el centro de la polémica tanto por sus incumplimientos del contrato local como por su vinculación con empresarios de la "trama Enredadera" de corrupción que se investiga a nivel nacional.

A la junta rectora de Servicios Sociales de la semana que viene llega el acuerdo de desestimar el recurso de alzada interpuesto por la empresa ante el Pleno contra el acuerdo tomado en junio en Servicios Sociales de "castigarles" con esta penalización económica. No se dan por buenas las argumentaciones de la empresa avalando no haber pagado esa mejora al personal. Un pago que se debe hacer semestralmente y se relaciona con la no existencia de un número determinado de quejas de usuarios del servicio que se puedan achacar al mal hacer de las trabajadoras.

Pese a la "desconfianza" que trasciende en las alegaciones de Aralia sobre este asunto, Servicios Sociales mantiene que no se dieron las quejas necesarias para eliminar ese plus salarial. Tampoco dan por buenos los técnicos municipales el argumento de Aralia de que no debía pagar ese dinero hasta que se solventara el proceso judicial abierto por el conflicto colectivo presentado por Comisiones Obreras, UGT y CSI en los juzgados. En un primer momento, el juzgado de lo social archivo el asunto al entender que no era de su jurisdicción.

La "multa" en cuestión se refiere a los primeros seis meses de un contrato que se suscribió el 1 de julio del año pasado, con una duración de 30 meses y una dotación económica de más de 10 millones de euros. Ya a principios de este año se le remitieron a Aralia diversas notificaciones desde Servicios Sociales recordando la exigencia contractual de abonar esos 600 euros por semestre como plus pactado en el pliego de condiciones del nuevo contrato.

En todo este tiempo la empresa ha ido dilatando los plazos con alegaciones y recursos, que siempre le han sido desestimados. El acuerdo que está sobre la mesa ya alerta de una penalización mayor en el incumplimiento del segundo semestre. Pasos previos a plantearse una resolución del contrato que muchas voces piden.

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