La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que instruye las diligencias del "caso Musel" para dictaminar si hubo delito en los sobrecostes de las obras de ampliación del puerto de Gijón, acaba de dictar varios autos en los que rechaza los recursos presentados por imputados en la causa cuya representación legal había solicitado el archivo de las actuaciones. Entre los recurrentes se encuentran Fernando Palao Taboada, exsecretario de Estado de Transportes, y Mariano Navas, expresidente de Puertos del Estado. También ha desechado la magistrada los recursos presentados por Maximino Gorostiza Méndez, de la empresa Alvargonzález Contratas; y Ana Dizy, exgerente de la UTE Dique Torres. Todos ellos se mantienen como investigados, a la espera de que se señale la fecha de juicio oral. La juez Tardón Olmos dictó los autos, a los que este periódico ha tenido acceso, el pasado 30 de septiembre.
La defensa de Palao Taboada, que era alto cargo del ministerio de Fomento en la época en la que se llevaron a cabo las obras del "superpuerto", alegó en su recurso que el auto impugnado -una resolución de la jueza de julio del pasado año que suponía la finalización de la instrucción- incurría en causa de nulidad, al considerar que el plazo de prescripción de diez años habría transcurrido. Los abogados de Palao consideraban como fecha de inicio del cómputo el 14 de marzo de 2006, fecha en que se celebró en Madrid una reunión en el despacho del Secretario de Estado de Infraestructuras; y señalaban como la finalización el 30 de junio de 2017, en la que se le citó a declarar en condición de investigado.
Tras señalar que se investiga la probable comisión de un delito continuado de fraude instrumentado mediante la comisión de una prevaricación administrativa, la magistrada considera que la connivencia de los imputados para defraudar a la administración se inició en las fases de licitación y adjudicación del contrato "continuándose en el tiempo hasta la aprobación del modificado en diciembre de 2007", por lo que a su juicio la elección de la fecha para solicitar la prescripción "resulta arbitraria".
La jueza considera que fue el investigado quien, en su condición de secretario de Estado convocó la reunión de marzo de 2006 "en su despacho oficial", a la que asistieron la mayoría de los investigados (entre ellos el presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas y el presidente y el director de El Musel, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, respectivamente).
La jueza insiste en la connivencia entre los investigados y añade que el modificado del presupuesto de la obra que se decidió en esa reunión supuso un incremento del 43,32% del presupuesto de adjudicación y de 22 meses más de plazo de ejecución.
Respeto al recurso de los abogados de Mariano Navas, que era presidente de Puertos del Estado cuando se aprobaron los sobrecostes de la obra, y que solicitaban también el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, la magistrada lo rechaza también. Y razona su decisión diciendo que del examen de las actuaciones "se desprende que se han evidenciado indicios bastantes de la probable comisión de un delito de fraude".
Defiende el recurrente que la reunión de marzo de 2006 en Madrid a la que asistió Navas junto a Rexach y Díaz Rato y los máximos representantes de la UTE Dique Torres "no tuvo incidencia alguna sobre el modificado del proyecto". Sin embargo, señala la jueza, los investigados directivos de El Musel confirmaron en sus declaraciones que la "decisión crucial de acceder a las reiteradas exigencias del contratista para exigir la revisión de los precios del contrato y la preparación de un modificado" se adoptó en esa reunión.
Según la magistrada, tanto Palao como Navas, "pese a las irregularidades e incumplimientos que se habían venido produciendo desde la firma del contrato de adjudicación", exigieron que la obra continuase y patrocinaron un acuerdo entre la Autoridad Portuaria de Gijón y la UTE.
