El Ministerio para la Transición Ecológica ha dado de paso el estudio de impacto ambiental de la depuradora del este de Gijón que elige mantener en El Pisón la planta de tratamiento de aguas residuales, pero imponiendo una serie de medidas correctoras y obras que requerirán de una inversión de entre cuatro y cinco millones de euros, según explican fuentes conocedoras de la tramitación. Una inversión que se suma a los 36,9 millones ya ejecutados. La Declaración de Impacto Ambiental que recoge estas medidas correctoras fue aprobada el viernes de la semana pasada y ya ha sido remitida al Boletín Oficial del Estado para su publicación.
Se trata de un paso crucial para poder activar la depuradora, pero no el último. De hecho, el concejal de medio ambiente del Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, apuntaba ayer que la planta que se encargará de limpiar antes de su vertido al mar las aguas residuales de 150.000 gijoneses, tardará un año y medio en poder estar operativa. Ese es el tiempo que llevará la tramitación administrativa pendiente y la ejecución de las obras.
Tras la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico tendrá que concluir el proyecto de la depuradora incorporando al mismo las obras impuestas por el Ministerio. Luego el proyecto se remitirá a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para su firma, tras lo cual se podrán licitar las obras y acometer su ejecución.
Querella
Todo este proceso contará con la oposición de los vecinos de la colonia de chalés de El Pisón colindante con la depuradora. Su abogado, Marcelino Abraira, insistió ayer que en cuanto estampe su firma el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, le presentará una querella en nombre de los vecinos por haber vuelto a elegir El Pisón como ubicación de la depuradora.
El primer estudio ambiental que optó por el mismo emplazamiento fue anulado por los tribunales tras un recurso contencioso de los vecinos. Además de optar ahora por la vía penal, también se va a recurrir administrativamente todos los pasos que se vayan dando para licitar y contratar las obras.
Abraira también recalca que los vecinos de El Pisón no tienen la culpa, sino quienes decidieron elegir ese emplazamiento, de que los tribunales de la Unión Europea hayan impuesto una multa de 12 millones de euros más otros 60.000 euros diarios a España por incumplir la normativa comunitaria de depuración de aguas residuales en varios municipios, multa cuya mayor parte se debe al vertido de las 3.825 toneladas de materia orgánica que cada año van a parar al mar Cantábrico por la falta de tratamiento de aguas en la cuenca este de Gijón.
La Declaración de Impacto Ambiental de la depuradora del Este se demoró debido al cambio en la normativa sobre ruidos, que llevó al Ministerio a exigir un informe complementario sobre este aspecto.
