21 de noviembre de 2019
21.11.2019
La hoja de ruta para activar la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona este

Madrid costeará el primer medio año de explotación de la depuradora de El Pisón

La EMA tendrá un gasto de 45.000 euros anuales para la vigilancia de los niveles de olores y ruidos que impone la declaración ambiental

21.11.2019 | 02:42
La depuradora de El Pisón, con los chalés tras ella.

El Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, costeará los primeros seis meses de funcionamiento de la depuradora de El Pisón antes de traspasar su gestión a la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA). Se trata de un gasto de 1,6 millones de euros que se suma a la inversión en obras necesaria para poder activar la depuradora, de algo más de cuatro millones tal como informó ayer este diario.

El Ministerio anunció ayer oficialmente que la depuradora del este de Gijón ha obtenido la declaración de impacto ambiental favorable en su actual emplazamiento, que linda con la colonia de chalés de El Pisón. Se trata de un paso imprescindible para la activación de una instalación que cuenta con el rechazo de los vecinos de la zona, pero la misma aún tardará. De hecho, fue una demanda vecinal lo que obligó al Ministerio a rehacer toda la tramitación ambiental, después de que el Tribunal Supremo anulara el primer estudio ambiental por no haber justificado adecuadamente la elección de El Pisón, una de las cuatro alternativas barajadas junto a Peñarrubia, El Rinconín y Cagonera. Los vecinos seguirán con su batalla judicial para intentar frenar la activación de la planta.

El concejal de medio ambiente, Aurelio Martín, avanzó el pasado martes que aún habrá que esperar alrededor de un año y medio para que esta instalación entre plenamente en servicio, plazo que incluye la tramitación administrativa pendiente. Los plazos que maneja el Ministerio son de once meses, pero sin contar el tiempo necesario para la conclusión de la tramitación administrativa y para la licitación y adjudicación de obras. En concreto, habla de cinco meses para la ejecución de obras y seis meses para "la puesta en funcionamiento".

Esas obras incluyen 3,3 millones de euros de actuaciones pendientes de ejecutar cuando se produjo la paralización, por orden judicial, de la construcción de la planta.

Otra partida son los 0,7 millones de euros de mejoras funcionales solicitadas por la EMA a raíz de las pruebas efectuadas en los distintos elementos de la instalación y tras el año en el que estuvieron en explotación las unidades de desarenado y desengrasado de la planta, hasta que también fueron paralizadas por orden judicial.

En concreto, la EMA solicitó mejoras en las redes eléctricas de la planta de pretratamiento de aguas residuales El Pisón (la Plantona) y en la nueva depuradora, mejora en la insonorización de los portones de acceso, equipos internos y la mejora del sistema informático de control y seguimiento tanto de la Plantona como de la depuradora.

A los 4 millones de euros de esas obras se añade el desembolso relativo a las medidas correctoras que impone la declaración de impacto ambiental.

Esas medidas preventivas y compensatorias para paliar posibles efectos sobre el medio ambiente incluyen condiciones relativas al programa de vigilancia ambiental durante el funcionamiento de la instalación, que se había propuesto en el estudio de impacto ambiental que se elaboró para elegir el emplazamiento de la planta.

Entre otras cuestiones, la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica -que es quien otorga la declaración de impacto ambiental- impone medidas para la verificación del cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido establecidos en la legislación vigente en la materia y con las posibles molestias por impacto odorífero, según informó ayer el Ministerio. La Empresa Municipal de Aguas, que se encargará de la gestión de la planta, tendrá que asumir un gasto de unos 45.000 euros cada año para esas medidas de verificación de los niveles de olores y ruidos, según explican las fuentes consultadas.

Tras esta declaración de impacto ambiental favorable, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico tendrá que concluir el proyecto de la depuradora, incluyendo las medidas correctoras impuestas por la declaración, y luego remitir el proyecto a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para su firma. A continuación ya podrán licitarse las obras pendientes para culminar el proyecto.

La depuradora del este de Gijón es una pieza clave para culminar la red de saneamiento de la ciudad, que actualmente sólo cuenta con una depuradora en el oeste, en La Reguerona, que también está pendiente de una inversión para mejorar sus prestaciones.

La falta de la depuradora que debe limpiar las aguas residuales de medio Gijón, de su parte este, es el motivo de que los tribunales europeos hayan impuesto una cuantiosa multa a España por incumplir la normativa comunitaria sobre saneamiento de aguas residuales. Una multa que ascendió a 12 millones de euros a tanto alzado más 60.000 euros diarios hasta que se solucione la situación de incumplimiento en varias localidades españolas, de los que el 40% de dicha sanción se deben a los vertidos de Gijón.

La entrada en servicio de la nueva depuradora permitirá retirar 3.825 toneladas anuales de materia orgánica, que se sumarán a las 500 toneladas anuales que ya retira la planta de pretratamiento. La depuradora del este, en cuya construcción ya se invirtieron 36,9 millones de euros, esta diseñada para limpiar las aguas residuales de 150.000 habitantes equivalentes.

Desde el gobierno del Principado se valoró ayer positivamente que se haya otorgado la declaración de impacto ambiental para la depuradora del este de Gijón, que ya ha sido remitida al BOE para su publicación. La viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático del Principado, Nieves Roqueñí, señaló al respecto que "mientras no conozcamos el contenido exacto de la declaración de impacto ambiental, no podemos realizar una valoración detallada, pero sí congratularnos, como no podía ser de otra manera, de que por fin se haya resuelto este trámite ambiental que estaba pendiente y estaremos en contacto con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para poner en marcha, cuanto antes, el desarenado y el desengrasado, que había sido paralizado por orden judicial".

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