A una semana de cumplirse dos años desde que los socios del Real Grupo de Cultura Covadonga aprobase la adquisición del total de la finca La Torriente, la entidad gijonesa por fin podrá dar carpetazo al asunto. Una comisión mixta conformada por la Agencia Tributaria y los Servicios Tributarios del Principado de Asturias ha decidido finalmente que el monto total de la operación se mantiene en el que desde un principio defendió la actual directiva grupista, encabezada por Antonio Corripio, y que fue aprobado en una asamblea de socios de la institución: 1.350.000 euros. A esa cantidad no se le ha de sumar, como voces críticas con la dirección venían denunciando desde entonces, el IVA de la operación, que ascendería hasta 283.500 euros más. La propiedad está exenta del pago de ese impuesto.

Así lo comunicó la dirección grupista en una información a los socios que ayer hizo pública en su página web, en la que refrenda que "este fue el compromiso cuando se hicieron públicos los detalles económicos de la compra". Igualmente, la junta directiva de la entidad gijonesa "agradece la confianza mostrada por los socios al aprobar la adquisición de la finca, así como el gran apoyo recibido a través de sus aportaciones en la encuesta llevada a cabo meses atrás con vistas a canalizar sus usos futuros", en referencia al plan director que determinará para qué se utiliza La Torriente en el futuro.

La junta directiva de Corripio salva de esta manera una de las situaciones más comprometidas desde su llegada al mando de la entidad. El texto confirma que "no existen indicios de infracción tributaria" y se explicita que el Grupo únicamente habrá de abonar 14.535,94 euros -ya incluidos en el préstamo bancario destinado a la compra de la finca aprobado en asamblea, que ascendía a 1,4 millones de euros- debido al gravamen del 2% que lleva inherente la operación (ya se satisfizo una cuota de 13.390 euros).

La comisión mixta se convocó al haber diferencias de criterio entre si la operación debía ajustarse a un tipo impositivo del 21% referente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o el gravamen a imponer era el referente al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, de titularidad autonómica.

Finalmente, el acta recoge que "el terreno se ha calificado por el Ayuntamiento como suelo urbano no consolidado", señalando que la parcela "no ha alcanzado la condición de solar". Por ello, ahonda el documento, "se trata de una operación sujeta y exenta en el Impuesto sobre el Valor Añadido, sin que conste renuncia a la exención y sujeta, por tanto, a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados".

El documento explica que el Grupo Covadonga pretende utilizar el inmueble adquirido "para desarrollar actividades que originan el derecho a la deducción del IVA soportado", y que procede la aplicación sobre la base imponible del tipo de gravamen correspondiente a las transmisiones en las que se haga uso del derecho a exención del IVA", con lo que el gravamen se establece en un tipo del 2%.

Aunque en el documento se recoge que "todos los gastos, impuestos y arbitrios que se originen o devenguen por el otorgamiento de la escritura" de la compra de la finca "serán satisfechos por la parte compradora", excepto en lo referente al IBI del ejercicio del momento de la compra y el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, finalmente el Grupo Covadonga no tendrá que desembolsar más dinero por la compra de la finca anexa a las instalaciones de Las Mestas.

El club da por zanjado así uno de los asuntos más espinosos de los últimos años: la adquisición de la mitad de la finca La Torriente más cercana a las instalaciones grupistas de Las Mestas, cerrando así la compra del total de la propiedad -la anterior directiva había adquirido ya la mitad más alejada por 840.000 euros-. Fueron muchas las voces discordantes dentro de la propia entidad. De hecho, en la asamblea de aprobación de cuentas tras la compra de La Torriente hubo quien llegó a instar a Corripio y a su junta directiva a dimitir si finalmente la institución grupista tenía que pagar el IVA de la operación.

Desde el primer momento, la actual directiva aseguró que en el precio firmado y aprobado en asamblea ya se incluía el total a pagar, sin necesidad de hacer más gastos como ahora confirma la Agencia Tributaria en una decisión que ya es firme y contra la que no cabe recurso -hubo un mes de plazo que acaba de expirar-. Ahora falta por decidir qué se hace con esa gran finca de más de 9.000 metros cuadrados, que supone la gran y casi única zona de expansión natural del Grupo en su entorno. Un plan director confeccionado a partir de dos mil entrevistas a socios de la entidad definirá el plan de usos para la instalación. En una primera aproximación, uno de cada tres grupistas pedía que se ampliasen los aparcamientos del club, mientras solo una décima parte abogaba por mejorar las instalaciones deportivas, por lo que puede que ése sea el futuro de La Torriente, aún en fase de acondicionamiento.