Un gijonés afrontará mañana dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de contra la Hacienda Pública después de defraudar 140.000 euros a través de un despacho creado en Gijón para prestar asesoramiento jurídico a Venezuela. Fiscalía interesa además el pago de una multa de 200.000 euros y que se prohiba la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas -también del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social- durante los próximos cuatro años.
Este individuo "ocultó maliciosamente" los rendimientos del capital mobiliario, lo que implicó que la declaración le saliese a devolver cuando debería haber ingresado 139.970 euros.
