La Junta de Gobierno dio ayer luz verde a trece subvenciones a otras tantas comunidades de vecinos para la rehabilitación de fachadas o la supresión de barreras arquitectónicas en sus bloques de viviendas que suponen un coste de 2,1 millones de euros para las arcas municipales. El grueso de ese dinero -alrededor de 1,8 millones de ayuda global fraccionada en dos anualidades a petición de los vecinos- se va a cuatro bloques de la calle María Zambrano, en la zona de La Calzada conocida popularmente como la Algodonera.

El pago de estas ayudas, sumado a los casi 6 millones en obligaciones ya reconocidas en favor de otras comunidades y a alguna ayuda más que ahora está pasando los trámites en Intervención antes de llegar a la aprobación en Junta de Gobierno supondrán, en palabras de la concejala de Hacienda y portavoz socialista, Marina Pineda, que "como mínimo" el 2019 se cerrará con el pago de 8,2 millones en 121 expedientes de este tipo de ayudas a las comunidades de vecinos. Pineda habla de mínimo porque no se descarta que, como se hizo el año pasado, se pueda realizar una aportación extraordinaria a esta partida presupuestaria antes de que finalice el año.

Y antes de final de año, aseguró Pineda, estará finiquitado el comprometido informe con los datos de la situación concreta de cada expediente, los trámites realizados y pendientes de realizar por parte de cada comunidad y un calendario de pagos. Todo con la intención de clarificar el embrollo en que se habían convertido las veteranas ayudas a la rehabilitación de fachadas, paralizadas desde enero de 2018, con centenares de peticiones previas pendientes del dinero o de una respuesta y la necesidad de cambiar el sistema de concesión para cumplir con los requisitos de la Sindicatura de Cuentas.

En un informe elaborado en verano, tras la llegada del PSOE al gobierno, se concretó la existencia de 428 expedientes ya informados favorablemente por los técnicos y que podrían sumar ayudas por una cuantía de 13,5 millones y otros 182 expedientes a la espera de ser tramitados. Sobre esos primeros expedientes, la mayoría de los años 2016 y 2017 se ha venido avanzando en estos meses en función de la disponibilidad económica del Ayuntamiento.

"Lo que nos encontramos en junio fue un montón de expedientes absolutamente paralizados, con comunidades a las que ni siquiera se había pedido la documentación necesaria para justificar la subvención. Hubo que hacer un minucioso trabajo de campo para saber la situación real de cada expediente", explicaba la edil socialista. En el caso de los 13 expedientes aprobados ayer, se trata de obras ya ejecutadas a cuyas comunidades el Ayuntamiento ya ha pedido la documentación necesaria para poder adelantar los trámites y que los pagos se puedan concretar antes de que acabe el año.

Una vez clarificado el mapa de la situación de los expediente se decidirá como publicitar la información para que todas las comunidades de vecinos puedan saber a qué atenerse. También quedaría por concretar la fecha de una posible nueva convocatoria para que puedan presentarse nuevas peticiones de ayuda. El presupuesto para el año que viene aprobado en Junta de Gobierno y que ahora se negocia con Podemos plantea como punto de partida para este tipo de ayudas una cuantía de 7,1 millones de euros.