El gijonés acusado de defraudar 140.000 euros a Hacienda a través de un despacho creado en Gijón para prestar asesoramiento jurídico a Venezuela aceptó ayer los hechos así como la cantidad defraudada. No obstante, no hubo acuerdo con la Fiscalía en cuanto a la pena privativa de libertad y es por ello que tuvo que celebrarse el juicio, que quedó visto para sentencia.
En la vista oral, el fiscal rebajó su petición de dos a un año y medio de prisión además de tres años de pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. En cambio, la defensa del procesado solicitó el mínimo de pena para este delito, un año.
