Nuevo encontronazo con Aralia, la concesionaria del servicio de ayuda a domicilio. La comunicación, por ahora verbal, del impago de las nónimas a las trabajadoras gijonesas ha movilizado a la Fundación Municipal de Servicios Sociales. "A nosotros nos han dicho que es sólo un retraso", aseguraba ayer la edil Natalia González tras contactar con la empresa en Valladolid y concertar una cita en persona para la semana que viene.

Pero hay demasiados antecedentes para confiar en la palabra de la empresa. Aralia ya tiene un expediente por incumplimiento del pago de pluses al personal, otro en trámite y varias demandas en los juzgados. De concretarse esta nueva irregularidad, se abriría la puerta a la rescisión del contrato desde Servicios Sociales.

De hecho, González confesaba que llevan tiempo preparando tanto las bases de una nueva licitación del servicio como las de un contrato puente que permita garantizar el servicio a los 1.400 usuarios si la concesionaria deja de prestar el servicio de manera inmediata.

Mientras, la facturación de noviembre a Aralia ha sido paralizada. La plantilla denunciaba la situación en el Pleno y pedía medidas para que más de 250 trabajadoras "no paguen las consecuencias" de los problemas con una empresa, vinculada a la investigada red "Enredadera" de corrupción empresarial y política. Podemos-Equo apoyó a las trabajadoras con las que comparte la pretensión de la remunicipalización del servicio. La edil Alba González reivindica la opción de una empresa municipal de cuidados y atención a las personas.