La socialista Ana González, alcaldesa de Gijón desde el pasado 15 de junio encara su primer ejercicio completo como regidora de la ciudad con el desafío de trasladar de las palabras a los hechos los compromisos adquiridos en los acuerdos políticos que ha ido acumulando a lo largo de sus primeros meses de mandato. La cuenta atrás definitiva llegará tras las campanadas que anuncian el nuevo año. No es mal inicio que a uno de enero haya presupuesto municipal en vigor pero es sólo eso, un inicio. Ahora toca cumplir con todo... y con todos.
Y es que al pacto alcanzado en mayo en las urnas con los gijoneses a partir del programa electoral del PSOE sumaba González en julio un acuerdo de gobierno con Izquierda Unida que pone negro sobre blanco 88 medidas a desarrollar en este mandato y, ya en octubre, el compromiso de impulsar en los próximos meses 17 medidas consensuadas con Podemos-Equo en el marco de la negociación de apoyos para las cuentas del 2020. Aquí no hubo pacto con documento firmado y foto protocolaria porque la formación morada y verde optó, por decisión de sus asambleas, por la abstención en lugar del voto favorable al presupuesto. Aún así el equipo de gobierno se comprometió en público a asumir lo negociado como gesto de buena voluntad.
Lo acordado con IU y Podemos-Equo, en diferentes niveles de compromiso, reajustan el punto de partida de la acción de la Alcaldesa pero garantizan una mayor estabilidad a su gobierno y ofrecen la imagen de una izquierda con capacidad para entenderse dentro de las paredes de la Casa Consistorial. Algo que no se consiguió durante los anteriores cuatros años donde la suma de intentos fallidos de convertir la mayoría que la izquierda tenía en el Pleno en gobierno sirvió para decepcionar a parte del electorado y que Carmen Moriyón y su equipo de Foro completaran su segundo mandato.
Censo de viviendas
El acuerdo entre PSOE e IU, que supuso además la incorporación del edil Aurelio Martín al equipo de gobierno, especifica compromisos en todos las áreas de gobierno. Algunos ya ejecutados como la implantación del IBI diferenciado o "IBI para ricos". En ese ámbito de la economía y la hacienda también se fija impulsar esos parques empresariales diseñados en el Plan General para los terrenos de Naval Gijón y Mina La Camocha, el fomento del turismo desestacionalizado y el apoyo al comercio de proximidad a partir de la elaboración de un Plan de Comercio Local, planes específicos de empleo para mayores de 52 años, la revisión de todo el sistema de concesión de subvenciones y un empujón a la incorporación de las cláusulas sociales a la contratación pública municipal.
Urbanismo y movilidad es el bloque que titula una docena de medidas entre las que destacan la elaboración de un censo de viviendas vacías, la potenciación del papel de la Empresa Municipal de la Vivienda, la puesta en marcha de nuevas medidas de regeneración del casco urbano y la aprobación del plan de movilidad. En lo que tiene que ver con el fomento del uso del transporte público hay una medida acordada y que ya se verá ejecutada el uno de enero: el viaje gratis en los autobuses de Emtusa a los usuarios hasta los 17 años. Además, baja el precio del trayecto ordinario para los usuarios de tarjeta de transporte y tarjeta ciudadana.
Más que renta social
El ámbito de los servicios sociales es otro de los pilares del acuerdo con los compromisos de elaborar un plan director, una ordenanza de prestaciones sociales y un revisado catálogo de ayudas. Nada se podía leer en ese documento de gobierno de la polémica renta social, pese a que IU fue uno de sus impulsores junto a Xixón Sí Puede, pero esa medida sí aparece con nombre y apellido en el acuerdo con Podemos. El compromiso es habilitar dos millones de euros en una línea de ayudas que será rediseñada en una mesa negociadora a lo largo de las próximas semanas para que la convocatoria puede hacerse en abril.
Esa proximidad en el tiempo de la ejecución de los compromisos es algo que aparece en muchas de las 17 medidas consensuadas con la formación morada y verde. A lo largo del primer trimestre del año que viene tiene que crearse también una línea de ayudas de 100.000 euros para familias con niños en escuelas infantiles, convocarse plazas de conductor de autobús en Emtusa y crear un consejo sectorial de la memoria democrática. El primer semestre de 2020 es el plazo estimado para otras acciones como poner en marcha una campaña de sensibilización sobre la necesidad de poner el chip a los perros y los gatos o convocar las ayudas a las organizaciones que trabajan en cooperación internacional.
Más. La Alcaldesa ya adelantó al Consejo Social en su primera reunión que tiene la intención de rediseñar el modelo de participación ciudadana que ahora se estructura sobre diferentes consejos organizados por sectores o por territorios. Ese nuevo modelo se relaciona con dos medidas acordadas con IU en el pacto de gobierno. Una sobre la elaboración de un plan estratégico que defina nuevos marcos de participación, a los que se vincularían nuevos reglamentos. Y otra sobre el refuerzo de los consejos de distrito como "instrumentos de participación y deliberación de la ciudadanía y de rendición de cuentas del gobierno". Sobre la mesa está también hacer consultas ciudadanas directas
A las medidas en participación se suman las de buen gobierno con el compromiso, por ejemplo, de una ordenanza de transparencia y un reglamento de laicidad. Elaborarlas y aplicarlas.
