El Pisón pide la nulidad del informe de impacto ambiental de la depuradora

El abogado explica en su documento de recurso que el conflicto "es tan fácil como señalar que estamos ante el mismo supuesto de 2008", refiriéndose a la última paralización de las obras a manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó en 2013 otro recurso de Abraira en el que alegaba que una reforma del 2007 en la zona había dejado sin efecto la distancia de dos kilómetros respecto a núcleos urbanos que se exige en este tipo de instalaciones. Como la región no tiene una normativa ambiental propia, este límite se aplica también en Gijón. "Tuvimos una sentencia favorable de la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior", matiza en su informe el letrado.

En el documento también se aclara que el emisor de a declaración de impacto ambiental, la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, carece de competencias para tomar este tipo de decisiones, ya que el encargado de las mismas es únicamente -al menos así lo asegura Abraira- es la Secretaría del Estado. También refiere a una sentencia del año 2008 que establece que se declara la posibilidad de impugnar una declaración de impacto ambiental cuando determinara una ubicación concreta, naciendo en ese momento los derecho legítimos de los afectados para impugnar la decisión, por lo que da por hecho que los vecinos de El Pisón sí tienen derecho a pedir la nulidad de pleno derecho pese a que el informe se define como "un acto de trámite" en el que no se ve procedente recurso alguno.

La falta de una depuradora de las aguas residuales de medio Gijón motivó una cuantiosa multa a España por incumplir la normativa comunitaria sobre saneamiento de aguas residuales en Europa, que se tradujo en 12 millones de euros a tanto alzado más 60.000 euros diarios hasta que se solucionen los vertidos de varias localidades españolas. El 40% de esta sanción, sin embargo, se debe exclusivamente a los vertidos de Gijón.