El expresidente y el exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, respectivamente, estarán entre los acusados por los supuestos delitos de fraude y prevaricación en la obra de ampliación de El Muselen el juicio que se celebre en la Audiencia Nacional por las supuestas irregularidades en la contratación, adjudicación, ejecución y sobrecostes de la gran obra portuaria. La Audiencia Nacional acaba de desestimar los recursos presentados por ambos, a pesar de que los dos exdirectivos habían logrado librar el primer embate jurídico en el Tribunal de Cuentas, en el que lograron una sentencia absolutoria.
La Audiencia dice que se de traslado a la Fiscalía y demás acusaciones para que decidan ahora si formulan acusación, paso previo a la celebración del juicio. El fiscal es el único que aún no ha formulado su acusación. Los jueces han rechazado también los recursos presentados por el exsecretario de Estado de Transportes Fernando Palao, por el expresidente de Puertos del Estado Mariano Navas y por la UTE Dique Torres y los directivos y apoderados de las empresas que la conforman también investigados por el supuesto fraude. Los magistrados sí archivaron la causa contra el Abogado del Estado Jefe de Asturias, José María Alcoba, cuyo recurso fue apoyado por el fiscal.
La obra de ampliación de El Musel se licitó y adjudicó a la UTE Dique Torres en 499 millones de euros y con un plazo de ejecución de 46 meses. El Puerto acabó pagando 708,7 millones y prolongando el plazo 22 meses. Los supuestos hechos que llevaran el caso a juicio consisten en la supuesta adjudicación irregular de las obras a la UTE Dique Torres a pesar de que su oferta supuestamente era irrealizable, la asunción de sobrecostes con la modificación del proyecto y el comienzo de los pagos de precios al alza antes de que lo aprobara el Consejo de Administración de El Musel.
El Tribunal de Cuentas, en su primera instancia, decidió exculpar a Rexach y Díaz Rato de la acusación de supuestas irregularidades contables, decisión que ha recurrido la fiscalía. Ese juicio, de corte administrativo, sólo fue contra ellos al ser los funcionarios que tenían firma en las obras. Sus defensas aportaron esa sentencia a la Audiencia Nacional para intentar librarlos del banquillo en la causa penal, pero no será posible.
A ese respecto, la Audiencia señala que aunque el Tribunal de Cuentas no haya observado, en primera instancia, una responsabilidad contable de ambos exdirectivos, "ello no alcanza a la responsabilidad penal en este procedimiento en el que se imputa al recurrente no por una malversación de fondos públicos, sino por los actos realizados con vulneración de la normativa de contratación pública en orden a la adjudicación de las obras de ampliación del Puerto de Gijón a la UTE Dique Torres".
En cuanto a Menéndez Rexach, la Audiencia alude a que la jueza de instrucción "evidencia un detallado relato de los indicios evidenciados durante la instrucción de la causa" respecto a él.
El auto sobre Díaz Rato apunta que aprobó técnicamente el proyecto de la ampliación y formó parte de la comisión técnica y mesa de contratación que lo adjudicó a Dique Torres y que su informe fue determinante para que el Consejo de Administración le adjudicara la obra a esa UTE y también para que posteriormente aprobara el modificado y que hay indicios de actuaciones para "favorecer a la empresa adjudicataria".
Precisamente el informe previo del exdirector del Puerto es uno de los argumentos de los magistrados para archivar la causa contra el Abogado del Estado que informó favorablemente los pliegos de contratación y el modificado del proyecto.
En los autos los magistrados también recogen los reparos que tanto Menéndez Rexach como Díaz Rato pusieron a la UTE cuando comenzó a reclamar, antes de iniciar la obra, los sobrecostes. Un criterio que supuestamente se cambió tras una reunión en el Ministerio de Fomento con Palao, Navas y directivos de las empresas, en la que supuestamente Palao y Navas hicieron que los exdirectivos de El Musel aceptaran las exigencias de las empresas. Los magistrados también apuntan como supuestos indicios que en las actas del comité de gerencia de Dique Torres se hacen referencias a varias reuniones en Puertos del Estado.
