"Un hito esencial". Así se refiere la Audiencia Nacional a la reunión de alto nivel en el Ministerio de Fomento en 2006 en la que ejecutivos de ACS, FCC, OHL y Alvargonzález Contratas supuestamente negociaron los sobrecostes de la obra de ampliación de El Musel Por aquel encuentro -y la posterior materialización del acuerdo con la modificación del proyecto de obra incrementando los precios de los materiales de cantera y el pago de los sobrecostes- ocho cargos de la UTE Dique Torres y de las empresas constructoras que la integran, junto a los cuatro cargos públicos que participaron en el encuentro, se sentarán en el banquillo. El número total de acusados se elevará a 21, incluyendo otros nueve mandos empresariales que no participaron en aquella cita.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya ha ventilado todos los recursos presentados por los investigados por el supuesto fraude en la licitación, adjudicación, ejecución y sobrecostes de la ampliación portuaria, que se ejecutó entre 2005 y 2011 pagando 708,7 millones de euros, 209 por encima de lo que se había adjudicado entre sobrecostes (135 millones) y actualización de precios tras haber prorrogado en 22 meses el plazo de ejecución. Está pendiente que se presenten los escritos de acusación para que se fije fecha para el juicio.
La reunión de alto nivel en la que supuestamente se pactaron los sobrecostes se produjo a los pocos meses de la adjudicación de la obra, sin que se hubiera echado ni una piedra al mar al ser supuestamente irrealizable el proyecto presentado por las constructoras, que estaban reclamando la modificación del mismo, con el consiguiente pago de sobrecostes.
El encuentro de Fomento desbloqueó, presuntamente, aquella situación. Al mismo acudieron los entonces secretario de Estado de Transportes, Fernando Palao y el presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas junto al presidente y el director de El Musel, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato.
Este último fue quien desveló en el Juzgado la existencia de una reunión en la que la representación empresarial estuvo capitaneada por los entonces adjunto al presidente de Dragados (grupo ACS), Juan Ernesto Pérez Moreno; el consejero delegado y miembro del consejo de OHL, Rafael Martín de Nicolás y el director general de FCC Construcción, Francisco García Martín. Por Alvargonzález Contratas, minoritaria en la UTE, acudió Maximino Gorostiza. Todos, salvo Rexach y Rato, niegan que allí se pactara nada. Al mes de la reunión, se empezaron a pagar sobrecostes.
Los cargos empresariales también alegaron que habían prescrito los hechos al haber pasado más de una década desde que se celebró la reunión de alto nivel en el Ministerio de Fomento, el 14 de marzo de 2006, y la fecha en la que el ministerio fiscal solicitó que se les citara a declarar como investigados, el 3 de abril de 2017. Sin embargo, los magistrados entienden que a pesar de que dicha reunión fue "un hito esencial del posible concierto entre los responsables de Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria de Gijón y los directivos de las empresas de la UTE respecto al modificado del proyecto", esa acción tuvo continuidad con otras reuniones y trámites posteriores que culminaron con la aprobación económica de los sobrecostes el 1 de febrero de 2010.
