15 de enero de 2020
15.01.2020

Intervenir en el anillo navegable del Piles es "obligatorio" para el Ayuntamiento, dicen sus abogados

Los servicios jurídicos imponen la "necesidad imperativa" de actuación: "El Consistorio puede tener responsabilidad penal por omisión"

15.01.2020 | 02:35
Momento de la entrega de las cajas con las firmas contra el cierre del anillo navegable del Piles, ayer, en el Registro municipal.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Gijón han impuesto, en un informe remitido al gobierno local, la "necesidad imperativa de intervención" en el anillo navegable del río Piles para reducir sus altas cotas de contaminación. De no ser así, advierten, se podría incurrir en un caso de responsabilidad penal "por omisión", del que serían responsables tanto "el Ayuntamiento en general, como sus autoridades y funcionarios públicos en particular por tolerancia o falta de actividad en la materia". Una responsabilidad que podría extenderse incluso hasta afectar a "derechos fundamentales constitucionalmente recogidos". De ahí la decisión anunciada a finales del pasado año de suprimir si fuera necesario esta instalación en pro del bien común y la salud pública, una medida que levantó una gran polémica en los partidos de la oposición y el Real Grupo de Cultura Covadonga, usuario principal del anillo navegable.

Así de tajante se muestra la asesoría jurídica municipal, que no deja maniobra posible: el Ayuntamiento ha de actuar de forma convencida para reducir la contaminación en el río Piles si no quiere verse inmerso en cuestiones penales. "Ante la situación de contaminación detectada en el cauce del río Piles, será en función de los informes técnicos municipales que la administración tiene y debe intervenir, adoptando las medidas que requiera la situación, en base a criterios científicos y técnicos, para proteger y restaurar el medio ambiente y preservar con ello la salud y calidad de la vida de los ciudadanos", recoge el escrito.

Protección ambiental

El texto llega a una conclusión meridiana: la "obligación municipal de adoptar las medidas correspondientes en materia de protección ambiental y salubridad pública, a consecuencia de informes técnicos determinantes de contaminación en el cauce del río Piles". El informe hace referencia a los estudios presentados por el Ayuntamiento que alertaban sobre la contaminación fecal que sufre el río, que llegó a multiplicar hasta por 48 los límites máximos recomendados de bacterias e-coli y enterococos.

De no ser así, si finalmente el Ayuntamiento desoye estos informes y no toma medidas para paliar el problema de contaminación que sufre el Piles, podría incurrir en un delito de "prevaricación administrativa medioambiental", recogido en el Código Penal. Este precepto regula dos figuras delictivas. De un lado, quien informe favorablemente a sabiendas de licencias manifiestamente ilegales de funcionamiento de industrias o actividades contaminantes o silencie en inspecciones la infracción de leyes u omita estas inspecciones. De otro, la resolución a favor de la concesión de una licencia manifiestamente ilegal, aún a sabiendas de su injusticia.

Así, se desprende que el delito de prevaricación ambiental podría consumarse tanto de acción como de omisión cuando el funcionario público o la Administración "ignore o desatienda la aplicación de la legalidad", con lo que la responsabilidad penal medioambiental podría extenderse no solo a los causantes de la contaminación, sino también a los administradores públicos, "a los que se debe exigir un escrupuloso cumplimiento de sus responsabilidades". Para ambos se establecen sanciones tanto administrativas como penales.

En el informe jurídico se aduce igualmente a cuestiones constitucionales, explicando que es la carta magna la que recoge la obligación de los poderes públicos de "velar por la utilización racional de los recursos naturales" y la que recoge el "derecho de protección a la salud", explicando que compete a las administraciones públicas el "tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y las prestaciones de servicios necesarios". De hecho, se explicita que, de no actuar, se podrían ver afectados otros "derechos fundamentales protegibles", como el de la integridad física.

Por otro lado, según ha podido saber este periódico, el anterior equipo de gobierno forista ya tenía en sus manos un informe que advertida del impacto que produciría la contaminación del anillo navegable en las aguas de la bahía de San Lorenzo. Así, se recoge que "aguas debajo de las compuertas perjudicaría la calidad de las aguas de baño de la playa".

El documento, que es el mismo que aconsejaba "naturalizar el canal mediante la apertura permanente de las compuertas", asegura que esta medida sería útil para "renovar y dinamizar el canal", pero ello también podría provocar que esos residuos podrían "sedimentarse en el fondo, acumularse en zonas remansadas o transportarse aguas abajo". El informe recoge que es esencialmente en el periodo estival, con el escaso caudal del río, cuando proliferan las cianobacterias.

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