La Escuela Politécnica de Ingeniería continúa reabriendo los espacios que quedaron inutilizados tras la inundación del mes de junio de 2018. Ayer se puso de nuevo en marcha el servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral, pero los trabajos aún no se han terminado. De hecho, la Universidad reclama al Principado un millón de euros para rematar trabajos pendientes, como el acondicionamiento de algunos laboratorios, después de que el consorcio de seguros solo abonara 2,7 millones de euros.

El rector, Santiago García Granda, recordó ayer en su visita a la Escuela que, por ahora, se llevan gastados entre 3,5 y 3,8 millones de euros para resarcir unos daños que ascendieron a cerca de 5 millones. "Lo más urgente fue poner en marcha las clases y los equipos de investigación", recordó el Rector, quien alabó la eficiente gestión llevada a cabo para reponer equipos, algo que se ha hecho "de forma muy ajustada al presupuesto", explicó por su parte Ana Caro, gerente de la institución universitaria. No obstante, se necesitaría más dinero para rematar los trabajos, y "seguimos negociando con el Principado aunque de momento no hemos tenido éxito", lamentó García Granda.

En lo que sí se está trabajando es en la adopción de medidas para evitar que se puedan producir de nuevo inundaciones en la zona baja del campus, junto al cauce del río Peñafrancia. Para ello, la empresa Tragsa está trabajando con la Politécnica en un plan piloto de contingencias para grandes desastres (que forma parte de un total de nueve proyectos a nivel nacional) para buscar soluciones a medio y largo plazo, en el caso de que se volviera a desbordar el río en ese punto. Y a ello se suma el trabajo con la Confederación Hidrográfica para elaborar un plan de prevención, en colaboración con el Ayuntamiento y junto con las recientes obras de pozos de tormentas en la ciudad.

Por otra parte, el rector avanzó que la licitación de la residencia de estudiantes en el campus gijonés depende ya sólo de la resolución del trámite de reversión de la cesión de la parcela al Ayuntamiento de Gijón, que deberá ser dada de paso por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social, con "media docena de empresas" interesadas en la construcción y explotación de la residencia universitaria proyectada junto a la Escuela de Marina Civil.

García Granda recalca que la solvencia económica de las empresas que se presenten a la licitación será el factor clave a la hora de adjudicar el contrato, "vista la experiencia que tenemos", tras tres intentos fallidos para sacar adelante este proyecto largamente demandado. Por ahora la impresión que han causado en la Universidad las empresas interesadas es "buena", habida cuenta que se trataría de entidades "casi todas de fuera, grupos especializados en la construcción de residencias universitarias", a las que se exigirá en términos generales lo mismo que hasta ahora se había planteado: unas doscientas plazas de capacidad, la incorporación de elementos de eficiencia energética en su construcción o alimentación saludable para los estudiantes en sus servicios de cocina.

También se estaría estudiando cómo aprovechar la parte exterior del edificio para usos universitarios, "conectados con la residencia pero que pueden ser de otro tipo: aparcamiento, zonas de estar o deportivas", indicó el rector, con la idea de que la explotación de las instalaciones "sea similar a lo que se venía hablando hasta ahora, de manera que la licitación sea lo más atractiva posible". La gerente de la Universidad está además en contacto con otras ciudades Barcelona, Málaga, Granada o Huelva, en las que se han levantado residencias de forma exitosa.