Cerca de 10.000 firmas son las que llevan recogidas los miembros de la Plataforma contra la ordenanza de movilidad, que integra a tres asociaciones de vehículos de motor y a la de la zona rural, molestos con las restricciones que el Ayuntamiento prevé aplicar a partir del año que viene a los vehículos más antiguos, por sus mayores emisiones contaminantes, y con algunas otras cuestiones como el cobro de la ORA a las motos.
No son los únicos que plantean modificaciones a la ordenanza, a la que también alegarán la federación vecinal urbana y otras organizaciones. Pero ellos son los que han iniciado una oposición activa. Han arrancado motores con la recogida de firmas. Algunos ya se están planteando acelerar y convocar movilizaciones.
Así lo explica Bernardo Vives, presidente en Asturias de la Unión Internacional para la Defensa de la Motocicleta, una de las dos asociaciones de moteros integrada en la plataforma (la otra es Amma). Su compañero Jorge Prado, señala que por sí solos tienen capacidad para convocar a un millar de moteros y "colapsar un par de horas Gijón", a lo que habría que añadir cualquier movilización aún mayor que se organizara junto con otros colectivos afectados.
En Gijón hay censadas 23.000 motos y ciclomotores que se van a ver afectadas por la ordenanza de movilidad doblemente. Todas teniendo que pagar la ORA igual que un coche. Una parte de las mismas además con restricciones por su antigüedad, al carecer de distintivo ambiental. El proyecto de ordenanza prevé que a partir del año que viene no puedan aparcar en el centro urbano los vehículos que carecen de distintivo ambiental de la DGT.
"Mucha gente tiene scooters matriculados antes de 2000, que usan para ir a trabajar y que no podrán circular por Gijón en seis años, ni aparcar el año que viene", señala Bernardo Vives.
Su asociación reclama medidas para favorecer el uso de la motocicleta en lugar de ponerle trabas, dado que se trata de un vehículo de alta movilidad, que "emiten la mitad de CO2 que otros vehículos, incluso los que tienen etiquetas Eco, reducen a menos de la mitad el tiempo de los desplazamientos urbanos frente a otros vehículos, incluidos los eléctricos; son vehículos económicos, ocupan una tercera parte del espacio de aparcamiento que un coche". Lo ideal, apunta Vives, sería que además las motos fueran eléctricas, pero hoy por hoy "sus precios son altos y su autonomía escasa".
Respecto a los problemas para los que prefieren circular sobre cuatro ruedas habla Iván García, presidente de la Asociación Club Motor Clásico del Principado de Asturias: "Hay mucha gente que no es consciente de que les afecta, porque la ordenanza prohibirá apartar a partir del año que viene y circular a partir de 2025 a los coches de gasoil matriculados antes de 2006 y a los de gasolina matriculados antes de 2000". En Gijón hay censados unos 13.000 coches clásicos, de los que sólo 200 están homologados como históricos, lo que les exime de las restricciones que prevé la ordenanza.
Luis Castro tiene cuatro coches. El de diario, con distintivo ambiental Eco y tres clásicos que usa en ocasiones especiales, como una boda o las concentraciones de este tipo de vehículos. Entre ellos un Seat 124 que adquirió por los recuerdos que le evoca; el mismo modelo de coche es el que tenía su padre hace más de cuatro décadas. "Lo compré en 1998 y lo saco únicamente cuando hace buen tiempo; con lluvia no conviene porque se oxida la chapa", explica.
Conseguir todas las piezas originales de ese vehículo fue "una odisea", así como con los otros dos coches clásicos que posee. Proceder a su homologación como históricos para que pudieran cumplir los requisitos que establece la ordenanza le supondrían un desembolso de más de 3.000 euros en conjunto y "trámites tediosos", además de limitar posibles cambios que quisiera hacer en el futuro en los mismos: "si le quiero poner a alguno de los coches un volante deportivo de época o llantas de aluminio de época, ya no podrían estar en el catálogo de coches históricos, por no ser originales del modelo", explica.
Pérdida de empleos
Pérdida de empleosEn su caso tiene claro que si se aprueba la ordenanza tal como propone el gobierno local "me voy a quedar con el coche sí o sí, me lo prohiban o no; es parte de la historia de la familia", pero ese no es el caso de todos los coleccionistas de vehículos clásicos. Varios ya están vendiendo sus coches a coleccionistas de Alemania y otros países ante la perspectiva de no poder sacarlos del garaje de aquí a unos años, apunta Iván García.
Entre los reacios a la ordenanza también hay empresarios afectados por la misma. Es el caso de Gabriel Martínez de Primarso, un taller de Porceyo para coches clásicos. Señala que la ordenanza le obligará a reducir a la mitad la plantilla actual, de seis trabajadores. Añade que el problema no es sólo para los talleres, sino para las empresas proveedoras de recambios.
Gabriel Martínez señala que la ordenanza también afectará a otro tipo de conductor: "Hay una generación que está disfrutando de su último coche, personas de 70 años que no van a comprarse uno nuevo porque no disponen de recurso; a algunos de los que vienen por aquí sólo les falta llorar, porque les van a privar de movilidad", explica.
A Álvaro Villanueva, propietario de una empresa de distribución de golosinas y frutos secos del polígono de Porceyo, la ordenanza lo tiene en vilo. Las cinco furgonetas que utiliza la empresa carecen de distintivo ambiental. "No tengo necesidad de cambiarlas y hacerlo me costaría 100.000 euros, con lo que igual me tengo que acabar planteando prescindir de cinco empleados en el empresa y trabajar con autónomos", lamenta.
La Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural "Les Caseríes" va a plantear alegaciones para reclamar aparcamientos reservados para sus vecinos en zonas clave del casco urbano, como centros sanitarios y paradas de lineas de alta frecuencia de Emtusa, además de reclamar que se permita circular por Gijón a todo vehículo que pase la ITV, tenga la edad que tenga y cuente con viñeta ambiental o no.
El cabreo en la zona rural con el borrador de ordenanza lo explica Xosé García Sánchez, vecino de Caldones con dos vehículos afectados por la ordenanza: "En la zona rural el noventa y pico por ciento de la gente tenemos coches con muchos años y que usamos muy poco; el coche reemplazó al burro, para ir a Xixón, al ambulatorio o a por pienso para el ganado. Aquí no funciona el transporte público", agregando que muchos usuarios de estos vehículos son "jubilados con pensiones agrarias de 600 euros, que no tienen perres para comprar otro coche ni sabrían andar con él. El mi caso ye uno, pero como el mío hay cientos", afirma.
