La Plataforma contra la Ordenanza Municipal de Movilidad ha logrado reunir 23.495 firmas contra la normativa que prevé, entre otras medidas, la prohibición de aparcar en el centro de la ciudad a aquellos vehículos que, por su fecha de matriculación, no puedan acceder a los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT). Ayer, el colectivo las entregó en el registro municipal y se marca el objetivo de frenar una normativa ahora en fase de alegaciones tras ser aprobada en febrero por la Junta de Gobierno. "Queremos dialogo, una solución de consenso a una norma que afectará a 50.000 vehículos", indicó Iván García, uno de los integrantes de la Plataforma.

La organización destaca que la recogida de firmas ha sido masiva. "Logramos 15.000 solo la última semana", apuntó García, que señaló además que muchas de ellas proceden de la zona rural. "Históricamente, la zona rural tiene las rentas más bajas, es donde más gente mayor vive y donde más vehículos antiguos hay", puntualizó. "Los representantes vecinales de las parroquias han recopilado un montó de ellas", aseguró. Esta recogida de firmas se ha producido en poco tiempo. Se inició a hace un mes, cuando se dio a la conocer el contenido de la ordenanza de Movilidad. Con recogidas en lugares clave como el rastro ha sumado numerosos apoyos: 23.495 gijoneses se han posicionado en contra. "Debe ser un récord", agregó.

La Plataforma contra la Ordenanza espera ahora que el gobierno local recapacite. "La norma tiene puntos buenos, como los carriles bicis y los aparcamientos disuasorios. No damos una medida concreta para sustituir la ordenanza. Lo que queremos es que haya diálogo y consenso", dijo uno de los integrantes de un colectivo que reúne a asociaciones de coches y de moteros, entre otras.

La iniciativa ha logrado implicar a los grupos municipales de la derecha. PP, Ciudadanos, Vox y Foro participaron activamente en la recogida de firmas. El colectivo no descarta, que, de no lograr su objetivo, deba pasar a manifestarse. "No descartamos ninguna opción, pero no creemos que vaya a ser necesario", zanjó García. La edil popular Ángeles Fernández-Ahúja, de hecho, ya manifestó ayer su exigencia al gobierno local de buscar "el máximo consenso ciudadano" en el texto de la futura ordenanza, una petición que justifica dados los "cambios drásticos y radicales en el modelo de movilidad actualmente vigente en nuestra ciudad".

A ojos de Ahúja, la multitud de firmas recogidas "refleja que hay constancia de un amplio rechazo por parte de varios sectores de la ciudadanía al proyecto de la Ordenanza planteada". Y prosiguió: "Deben repensar el proyecto, dialogar y escuchar, especialmente, a los sectores que están directamente afectados por los cambios propuestos en el texto". El grupo municipal, por tanto, insta a Aurelio Martín (concejal responsable del área competente) "a rectificar ante la fuerte reacción de los gijoneses antes de aprobar una medida de calado, y no limitarse a lanzar una campaña de información y comunicación ciudadana una vez que la Ordenanza ya haya sido aprobada". Mientras tanto, el partido ya ha elaborado "una batería de enmiendas" para el texto con el objetivo central de eliminar las "penalizaciones que el actual borrador supone a los gijoneses".