La exalcaldesa de Gijón Carmen Moriyón y el exconcejal de Seguridad Ciudadana Esteban Aparicio tendrán que pisar el Palacio de Justicia para declarar como testigos en la demanda interpuesta por Voluntarios Auxiliares en Emergencias y Medio Ambiente (Vaema) y su cabeza visible, Bernardo Canga, para que se revoque la decisión municipal de prescindir a partir de agosto de 2017 de los voluntarios de Protección Civil. El juicio había sido fijado inicialmente en el Juzgado de lo contencioso de Gijón para mañana, pero se ha pospuesto ante la alerta sanitaria que vive España.
El Ayuntamiento se había opuesto a que ambos y otros testigos propuestos por el abogado de los demandantes, Marcelino Abraira, prestaran declaración en el juicio y, en el caso de hacerlo, había pedido que fuera por escrito, algo posible para cargos públicos y funcionarios en este tipo de pleitos administrativos. El magistrado rechazó ese planteamiento debido a que tanto Moriyón como Aparicio ya no ostentan la condición de autoridad pública que tenían cuando se produjeron los hechos.
En la demanda se pide la nulidad de pleno derecho de la resolución municipal que puso fin a una relación de 23 años entre la asociación de voluntarios de Protección Civil y el Ayuntamiento. Abraira alega en la demanda que esa resolución, en la que se reclamaban unas cantidades por supuesta falta de justificación, fue emitida por Esteban Aparicio, cuando el entonces concejal de Seguridad Ciudadana no era competente para hacerlo, sino que tendría que haberlo ejecutado en su caso Intervención municipal con el posterior respaldo del Pleno. De aceptar esa tesis el magistrado, el convenio del Ayuntamiento con Vaema seguiría vigente. El Ayuntamiento también retiró entonces a Canga el cargo honorario de jefe de Protección Civil.
Subsidiariamente, en la demanda, se reclama el abono por el Ayuntamiento a Vaema de una indemnización y pago de servicios de más de 165.000 euros además del pago mensual de otros 4.206 desde abril de 2019, cuando se interpuso la demanda, hasta que el contrato se extinga correctamente.
La eliminación del acuerdo con los voluntarios de Protección Civil se justificó en su día por el gobierno de Moriyón en cuestiones económicas. De fructificar la demanda interpuesta ahora por Bernardo Canga y Vaema, el efecto sería el contrario, un gasto para las arcas municipales sin que los voluntarios de Protección Civil hubieran prestado servicios en los últimos dos años y medio.
A este respecto, Marcelino Abraira señala que "dentro de Vaema, hay un gran desazón con la actuación del gobierno local anterior y este que no reteja y mantiene el pleito, al no dejarles actuar como voluntariado de Gijón, que estarían en disposición una vez les pusieran los medios que tenían, para prestar un gran servicio de ayuda a esta ciudad en unos momentos tan delicados como en los que estamos de alerta sanitaria, prefiriendo, si el juez lo indica así, tener que pagar sin trabajar, ya que el actual servicio no esta a la altura ni nivel que siempre estuvo Vaema".
El magistrado aceptó la petición de que declaren como testigos Moriyón, porque en su condición de alcaldesa fue quien suscribió el convenio de colaboración de 2016 entre el Ayuntamiento de Gijón y Vaema, y Aparicio, por ser quien firmó sendos oficios el 26 de septiembre y el 21 de diciembre de 2017 sobre los datos económicos de la subvención. También será citado a declarar el antiguo jefe de Bomberos y varios cargos de Vaema, mientras que funcionarios municipales como la interventora, el jefe de bomberos y el jefe de Policía Local, entre otros, lo harán por escrito.
La cuantía económica que tendría que pagar el Ayuntamiento por la ruptura del acuerdo con Vaema, de prosperar la demanda, dependerá en gran medida del informe que elabore un perito designado por el juez. De momento, la petición de los demandantes es que el Ayuntamiento pague a Vaema 75.633,33 euros por los servicios prestados en 2017 hasta que se dio por rota la relación en agosto de ese año, cifra calculada prorrateando a ocho meses el monto anual del contrato de 2016.
Además se reclama vía indemnizatoria otros 89.695,83, por los años 2018 y primeros meses de 2019, hasta la presentación de la demanda en abril de ese año. La cifra se corresponde con la mitad de la cuantía que habría correspondido si estuvieran en activo los voluntarios.
También se apunta que el Ayuntamiento exigió a Vaema la devolución de 11.252,90 euros supuestamente sin justificar en 2016, cuando según los demandantes es el Consistorio el que adeuda 14.309,15 euros a Vaema por ese ejercicio. Abraira señala que además se pide se condene al Ayuntamiento a pagar 4206,51 euros mensuales desde la presentación de la demanda hasta que se extinga adecuadamente el contrato.
