"Los servicios jurídicos municipales se dedican ya casi en exclusiva al tema de las plusvalías y se van acumulando las sentencias condenatorias con costas. Están advertidos de sobra". Así justificó ayer la edil del PP Ángeles Fernández-Ahúja la necesidad de eliminar este impuesto en los casos en los que la venta del terreno no suponga para el usuario una ganancia económica real. El grupo municipal pide, junto a Ciudadanos, Foro y Vox, restricciones al cobro de unas cuantías "injustas" que, según cálculos municipales, rondan los dos millones de euros anuales. La última sentencia publicada a este respecto, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, condena al Consistorio a devolverle a un gijonés 2.000 euros.
Que la ciudad elimine este impuesto para los vendedores que no ganan nada (o pierden dinero) con la venta de su terreno supondría, explica Ahúja, "simplemente ajustarse a la legalidad", porque el Tribunal Constitucional ya se pronunció al respecto en varias ocasiones y la jurisprudencia desde entonces hace que los ciudadanos que lleven al Ayuntamiento a los tribunales tengan todas las de ganar. "La idea es que se deje de cobrar el impuesto tanto cuando haya una pérdida del valor del inmueble como cuando la ganancia económica del usuario sea inferior a la cuota del impuesto a pagar", resume la edil, que aclara: "Lo pedimos ahora porque la nueva sentencia reabre el debate, pero ya lo habíamos planteado en las ordenanzas fiscales, recibiendo una negativa rotunda, y con un ruego en el Pleno del pasado noviembre que tampoco se aceptó".
Para ella, más allá de la "injusticia" de exigir que un ciudadano que no ha ganado nada con la venta de su terreno pague por una plusvalía, el problema es que la Administración "se empeñe" en seguir pasando la factura para, a la larga, acabar perdiendo ante el juez. "Otras ciudades ya se han adaptado a lo dictado por el Constitucional, pero aquí el gobierno sigue yendo a juicio, perdiendo, y haciéndose cargo de las costas judiciales", razona. El Grupo Popular también aboga por eliminar la plusvalía cuando se abona por causa de muerte del propietario.
Otro partido que ya había propuesto acotar el cobro de este impuesto es Ciudadanos, cuyo edil Rubén Pérez Carcedo vuelve a exigirle ahora al equipo de gobierno local "que se paralice de una vez" esta práctica que, a su juicio, responde a una "vorágine recaudatoria" y va en contra de lo que el Constitucional dictó hace ya más de dos años. "Hay que terminar con esta paradoja de que en Gijón si se vende un inmueble perdiendo dinero haya que tributar como si se hubiese ganado. Lo hemos reclamado en reiteradas ocasiones", lamenta.
Vox, por su parte, considera que el impuesto es "injusto", sobre todo, en los casos como el publicado ayer por este diario. "Habíamos presentado un ruego. De haberse aceptado, habría redundado en beneficios para el propio Ayuntamiento, porque se podría haber ahorrado el pago de intereses y costas", aclara Eladio de la Concha. Jesús Martínez Salvador, de Foro, apunta que "es imprescindible tener indicadores objetivos sobre el precio de un inmueble para saber lo que se aprecia o deprecia", pero considera que "con carácter general cuando no hay ganancia no debería cobrarse". Por último, Podemos explica que "la falta de una legislación clara" podría justificar el inicio del trámite, pero que el cobro podría paralizarse cuando se presentarse el recurso para evitar "devoluciones en masa".
