El gijonés que ganó ante el juez al Ayuntamiento y que ahora ha forzado la restricción en el cobro de plusvalías fue defendido por el letrado Carlos Nieto, que consiguió, primero, que el Consistorio tenga que devolverle a su cliente los 2.000 euros cobrados y, ahora, de forma indirecta, que el cobro de este impuesto no pase a trámites en los casos en los que el ciudadano pueda probar que la venta no le supuso ningún beneficio económico. "El Constitucional ya se había pronunciado al respecto en 2018, pero Gijón seguía empeñado en cobrar. Mucha gente desde entonces seguramente no ha reclamado para no meterse en líos, pese a tener todas las de ganar. Llevábamos más de año y medio incumpliendo los nuevos criterios", afirma.

El letrado ya había aclarado que esta nueva sentencia del Juzgado de lo contencioso de Gijón, que condena al Consistorio a devolver los 2.000 euros y a asumir las costas judiciales, era, además, "novedosa" por otro detalle: el magistrado no considera ya necesario que el afectado presente de pruebas periciales (muy costosas) y se limita a dar por válida la queja tras comprobar las escrituras de venta y compra. "Varios partidos ya habían pedido en Pleno hace meses que se quitase este impuesto en los casos de venta sin beneficios económicos y el Ayuntamiento no quiso", concreta. "Hasta ahora se venía dando la anormalidad de que en Gijón se siguiese cobrando un impuesto que muchas ciudades ya habían quitado. Se ha reaccionado un poco tarde, seguro que muchos ciudadanos pagaron una plusvalía indebida tras la sentencia del Constitucional. Fue más de un año y medio de incumplimiento", añade: "Me alegra que se haya solucionado todo".