La Autoridad Portuaria de Gijón está abierta a revisar los precios y tasas a las empresas que operan en El Musel, en función de cómo esté afectando a cada una de ellas la crisis provocada por el coronavirus, previa petición de cada empresa, lo que excluye la aplicación de medidas generalizadas. Tal y como avanzó ayer LA NUEVA ESPAÑA, la Asociación de Consignatarios y Estibadores del Principado de Asturias, patronal que agrupa a la mayoría de las compañías del sector, remitió el pasado 24 de marzo un correo al Puerto instándole a poner en marcha las medidas autorizadas por Puertos del Estado para ayudar a las compañías que operan en los muelles a superar la crisis por la pandemia y que en los principales muelles españoles ya se ha traducido en un descenso de los tráficos. Otros puertos ya están aplicando algunas de las medidas de apoyo a las empresas sugeridas por Madrid.
La Autoridad Portuaria de Gijón declinó ayer dar públicamente una respuesta a este requerimiento de la patronal, pero sí apuntó que deben ser las propias empresas las que de manera individual soliciten esas medidas de apoyo, que se estudiarán. En ese sentido, fuentes oficiales señalaron que "la Autoridad Portuaria de Gijón obrará, como es lógico, de acuerdo al real decreto ley que posibilita la modificación y mayor flexibilidad en la aplicación de precios y tasas en instalaciones y operativas portuarias en atención a las actuales circunstancias, y en función de como estas afecten -de manera singularizada- a empresas y agentes y conforme a las solicitudes que se reciban en este sentido", postura que viene a excluir medidas generalizadas en el ámbito portuario gijonés.
Se trata de una postura idéntica a la que la Autoridad Portuaria de Avilés ha hecho llegar al colectivo empresarial: los casos se analizarán uno por uno a petición de cada compañía. La patronal del sector ha pedido implementar cinco actuaciones concretas en línea con la sugerencia de Puertos del Estado. Por un lado, aplazar el pago de las tasas y cánones para ayudar a paliar las previsibles tensiones de tesorería en las empresas; diferir los cobros en las tasas de ocupación sin exigir avales por los mismos ni gravar esos aplazamiento con intereses; apurar al máximo los plazos de las liquidaciones dentro de los límites legales; incrementar las bonificaciones aplicables a las tasas portuarias -lo que exige modificar el plan de empresa del Puerto- y por último, reducir el tonelaje mínimo que se exige a los concesionarios para que no incurran en penalizaciones.
La patronal también solicita información sobre qué medidas se están adoptando para garantizar la adecuada prestación de los servicios técnico-náuticos y de control marítimo, imprescindibles para garantizar que los barcos puedan entrar y salir del puerto; eso es, los servicios que prestan los prácticos, remolcadores y amarradores en el caso de El Musel. Todo se produce en un contexto de gran incertidumbre por el impacto económico de la crisis del coronavirus.
