Se cumplen dos años desde que una iniciativa política de Ciudadanos abriera el debate sobre el grave estado de deterioro de la Casa Sindical, que quedó confirmado en un contundente informe municipal que alertaba de importantes fallos de seguridad y exigía su corrección a los propietarios. El debate se amplió a la posibilidad de derribar el inmueble, de siete plantas más sótano, construido en 1965, lo que dio pie a protestas sindicales con barricada incluida, y vio alguna obra menor para salir del paso para acabar centrándose en la exigencia desde el Ayuntamiento al Ministerio de Trabajo de una reforma integral del inmueble bajo amenaza de clausurarlo por su inseguridad.
La crisis del coronavirus ha encontrado la actuación sobre el número 1 de Sanz Crespo paralizada y con la pelota en el tejado del Ministerio, que a instancias del Ayuntamiento debe hacer ajustes al anteproyecto presentado a finales de 2019 si quiere conseguir la licencia de obras. El anteproyecto presentado incluye 40 actuaciones concretas que tienen que ver, fundamentalmente, con un arreglo integral de fachadas y cubiertas, la eliminación de barreras para hacer el edificio accesible, la reordenación de espacios haciendo desaparecer añadidos al diseño original y una reforma completa de elementos de seguridad, ventilación, electricidad, comunicaciones, agua... para cumplir con las normativas vigentes.
También se habla de clausurar espacios que no son utilizados y pueden suponer un peligro. Y aquí está el reparo fundamental que se pone desde el Ayuntamiento ya que el salón de actos sería uno de esos espacios. El plan de obras no solo no recoge ninguna actuación de mejora sobre esa zona tan singular, sino que aboga por despejarlo de todo elemento que pueda ser una carga de fuego, incluidas las butacas, y tapiar los accesos a la espera del uso que se determine en el futuro. "Puede admitirse la clausura de estancias no originales del edificio cuyo uso suponga algún tipo de riesgo, pero no del salón de actos, parte fundamental del conjunto", se plantea en el informe remitido desde Urbanismo a Madrid y que espera respuesta. Un informe donde también se matiza que "la eliminación de barreras será preferentemente mediante ascensores o plataformas elevadoras verticales, en particular las situadas en recorridos abiertos al público" y se piden aclaraciones sobre el sistema de puertas correderas elegido en algunos puntos y sobre las salidas de evacuación del vestíbulo principal de planta baja".
El anteproyecto encargado por la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que es la responsable del inmueble por pertenecer al denominado patrimonio sindical acumulado, incluye una previsión presupuestaria de 4,3 millones de euros. Cerca de tres millones sería el coste de la ejecución material de la obra y el resto los incrementos por IVA, gastos generales y beneficio industrial.
El avance presupuestario incluye un desglose entre el coste de los trabajos en las zonas comunes y los que se corresponderían con los espacios de las entidades ocupantes. El anteproyecto incluye en el listado de inquilinos al Servicio Público de Empleo, pese a que hace meses que esa oficina se cerró para trasladar sus servicios al edificio administrativo del Principado en Poniente. No hay mención, pues, al anunciado traslado de Comisiones Obreras a ese espacio desde su ubicación actual. Los otros residentes son las organizaciones sindicales CGT, CNT y CSI.
