A pesar de las limitaciones impuestas por el decreto de estado de alarma en que vive el país, y gracias al teletrabajo al que se dedica la mayoría del personal municipal desde que se impusiera el confinamiento, el servicio de licencias de la Dirección General de Urbanismo está manteniendo el ritmo de sus gestiones. A lo largo de las tres primeras semanas de confinamiento, el personal de ese servicio municipal dio el visto bueno a 142 licencias: 59 dentro de la categoría de obra mayor, 79 de obra menor y 4 de instalación de terrazas.
Hay más datos que muestran el ritmo del trabajo que el servicio hace desde las casas de sus trabajadores. Solo en los primeros diez días tras la declaración del estado de alarma, y teniendo en cuenta también actuaciones de disciplina urbanística, el servicio tramitó por la vía del teletrabajo un total de 228 propuestas de resolución y gestionó 65 requerimientos de documentación.
Una parte de ese teletrabajo, el que tiene que ver con la concesión de licencias, computa en el cierre estadístico del primer trimestre del año. De enero a marzo el número de licencias concedidas en Urbanismo fue de 625. El 57% fueron licencias de obra menor, en concreto 356 expedientes de este tipo de procedimientos. A los que hay que sumar 223 de obra mayor, 17 de instalación de terrazas y 29 comunicaciones ambientales.
Los datos de cierre del primer trimestre, pese a la excepcional situación generada por la crisis del coronavirus con la actividad económica paralizada y la gestión administrativa complicada, están un poco por encima de la media trimestral alcanzada en el año 2019. Los informes del área de Urbanismo en cuanto al cierre estadístico del pasado ejercicio en materia de licencias establecen un resultado final de 2.399 expedientes con un desglose de 1.303 de obra menor, 721 de obra mayor, 216 comunicaciones ambientales y 159 licencias de instalación de terrazas.
El ritmo administrativo se mantiene, por ahora, lo que queda por ver es cómo afecta a los sectores de la construcción, la reparación y la hostelería la crisis económica generada por la crisis sanitaria.Una nueva crisis, en la que tiene que ver con las firmas de la construcción, que llega justo cuando Gijón había recuperado la seguridad jurídica con un nuevo Plan General de Ordenación en vigor tras dos planeamientos urbanísticos tumbados en los tribunales y el regreso normativo al año 1999.
