Las restricciones al tráfico de los coches más contaminantes se retrasan a 2026

Era un clamor entre la oposición y entre numerosos colectivos, dada la compleja situación económica y social que se plantea de cara al futuro próximo por la crisis del COVID-19. Por eso, el equipo de gobierno local no ha tenido más remedio que cambiar de planes y aplazar la puesta en marcha de las restricciones previstas en la nueva ordenanza de Movilidad. Para algunas de las medidas previstas la moratoria es grande: hasta el 2026 para la circulación por el centro de la ciudad de los coches que no tengan el indicativo ambiental.

Ayer a última hora de la mañana finalizaba el plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de la nueva ordenanza, y el gobierno local, a través de los grupos municipales del PSOE e Izquierda Unida, presentó a su propio plan un total de 17 enmiendas con el objetivo de ampliar los plazos para la entrada en vigor de las restricciones de circulación y estacionamiento vinculadas a los distintivos ambientales de los vehículos, las que más preocupaban a los conductores porque en la práctica suponían abocar al cambio de vehículo a muchas personas que con las nuevas condiciones económicas probablemente no podrían hacerlo.

Tal y como explica el propio equipo de gobierno, la modificación propuesta ayer busca "reducir el impacto económico que la medida pudiera ocasionar en la actual situación socioeconómica generada por la crisis sanitaria del COVID-19". Y así, lo más significativo del nuevo planteamiento es que se retrasa un año la entrada en vigor de todas las restricciones. En el caso del estacionamiento en zona regulada se contempla un aplazamiento hasta el año 2022, que será aún más elevado en el caso de la circulación por la zona urbana: para este supuesto las restricciones se posponen hasta el año 2026.

Y no sólo eso, sino que el nuevo planteamiento incorpora la posibilidad de que el Pleno pueda prorrogar todas las moratorias hasta un máximo de 24 meses (a partir de ese año) "en circunstancias concretas y específicamente motivadas", explica el gobierno local, para tener margen de maniobra en función de la evolución de la pandemia.

El PSOE e IU también han presentado enmiendas con el objetivo de realizar ajustes técnicos y actualizaciones en la norma, incluyendo las paradas a demanda de Emtusa, y se ha aprovechado para matizar criterios de circulación para las bicicletas, entre otras medidas. De este modo, se incorporan aportaciones y demandas de diferentes colectivos como la supresión de las restricciones vinculadas a los distintivos ambientales de los vehículos en la zona rural y la eliminación de las Zonas de Aparcamiento Vecinal previstas inicialmente. El criterio del gobierno local en este último punto es el de que pueden generar controversia con zonas ORA en algunos barrios.

La propuesta incluye también aportaciones y reivindicaciones del Foro de Movilidad, Asturias ConBici, COCEMFE, la Federación Asturiana del Taxi, Emtusa, el Club Autocaravanista del Principado y la Dirección General de Tráfico, recuerda el equipo de gobierno.

Podemos-Equo Xixón también presentó ayer varias enmiendas a la ordenanza para la creación de un "título habilitante de Transición Ecológica Justa" que permitiría que, en casos excepcionales, los vehículos que no dispongan de distintivo ambiental puedan circular por las zonas de bajas emisiones. "Los destinatarios de este distintivo, que estaría expedido por el Ayuntamiento, serán aquellas personas cuyos vehículos no tengan derecho a una etiqueta ecológica teniendo en cuenta sus ingresos económicos y situación social", explicó la concejala de la coalición Laura Tuero.

Del mismo modo, la coalición defiende que el Foro de Movilidad y la ciudadanía en general tiene que tener un papel protagonista en la delimitación de las zonas de bajas emisiones, la reducción del límite de velocidad de circulación a los 40 kilómetros por hora como norma general para las vías urbanas, garantizar que el servicio de bicicletas de alquiler sea gratuito y de titularidad pública y la realización de un informe de impacto de género y revisión del lenguaje inclusivo del borrador de la ordenanza.