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Isaac Ángel Sánchez Cuervo | Director General Económico-Financiero del Ayuntamiento de Gijón

"Queremos pagar, pagar y pagar para que el dinero fluya y la maquinaria no se pare"

"Una reducción drástica de impuestos no es el camino; con la caída de ingresos se pondría en peligro la estabilidad presupuestaria municipal"

Isaac Sánchez Cuervo, en los soportales de la plaza Mayor. Julián Rus

Más que de su cargo de máximo responsable de la Dirección General Económico-Financiera, Isaac Sánchez Cuervo presume de haber sido el primer hombre de la "casa" que lo asume. Diplomado en Ciencias Empresariales y titulado en Dirección y Administración de Empresas es empleado público del Ayuntamiento desde 1999. Su trayectoria municipal empezó como técnico de gestión de la Agencia Local de Empleo de la que también fue jefe del departamento económico-adminsitrativo. El año 2020 no habría podido empezar mejor para Sánchez Cuervo y su equipo con un presupuesto aprobado en tiempo y forma tras dos años de prórrogas. Pero llegó la crisis del coronavirus y todo ha salado por los aires.

-La concejala de Hacienda ya adelantó a la oposición una merma de ingresos sobre lo previsto de 13 millones. ¿Es la peor de las cifras o habrá que seguir sumando?

-La previsión de caída de ingresos en el presupuesto municipal es de unos 9 millones pero que hay sumar los organismos autónomos y empresas municipales, donde estimaos que la caía estará entre los 3 y 4 millones. Hay empresas que se van a ver muy afectadas, como Emtusa. No tenemos dudas de que a Emtusa, Divertia y Gijón Impulsa habrá que aumentarles las transferencias corriente desde el Ayuntamiento. Hasta que no sepamos exactamente el alcance de este parón nos movemos en este escenario.

-Que puede cambiar en cualquier momento.

-Claro, ahora mismo ya se está hablando de un posible rebrote en otoño. Si, desgraciadamente, se produjera se volvería a un estado de alarma, un parón y este dato de caída de ingresos se agravaría.

-¿De donde salen esos 9 millones de baja en el Ayuntamiento?

-Son impuestos directos, tasas y precios públicos. Hemos suspendido el cobro de muchas tasas.

-¿Y el IBI diferenciado cuya entrada en vigor se anuncio iba a demorarse?

-Ahora mismo estamos a la espera de ver cómo podemos aplicar esa suspensión que se anunció desde Alcaldía. Es un impuesto y por ley está devengada a uno de enero, la intención del Ayuntamiento es posponerlo a 2021 y no recaudarlo y estamos viendo como poder aplicar ese no cobro. Se rondaría los 1,8 millones.

-Con un presupuesto municipal de 233 millones que se eleva a 320 en el consolidado, ¿son asumibles estas pérdidas?

-Es un impacto asumible porque tenemos un remanente líquido de tesorería general de entre 25 y 26 millones. Lo fundamental es que, como se viene hablando, el gobierno central modifique la regla de gesto y nos permita realizar más gasto del que hasta ahora podíamos hacer. La caída de ingresos es asumible por este remanente y porque tendríamos que redimensionar el presupuestos. Hay muchas cositas que no se van a hacer y vamos a derivar recursos presupuestados a otras actuaciones que tengan que ver con el COVID o la gente que más lo necesitan.

-¿Trabajan ya con la idea de que el Estado les va a dejar gastar ese dinero?

-Está todo encima de la mesa pero gobierno municipal trabaja en la línea de poder gastarlo. Lo fundamental ahora es que el gobierno aclare si lo que deja gastar es el remanente o el superávit. Son dos conceptos diferentes.

-A saber...

-El Ayuntamiento de Gijón tuvo el año pasado un superávit de 19 millones. El remanente de tesorería es un concepto más amplio que incluye más elementos.

-La diferencia estaría entonces entre poder disponer de 19 millones o de 26.

-Efectivamente.

-El Ayuntamiento venía de aplicar un plan económico-financiero de ajustes de dos años por incumplir la regla de gasto en 2017. ¿Esto nos coloca en una situación de peligro o estamos bien para afrontar esta crisis?

-La situación del Ayuntamiento de Gijón es privilegiada y estable. Después de dos años de prórroga tenemos un presupuesto aprobado y la deuda está muy muy por debajo del 110% que permite la ley de haciendas locales respecto a los ingresos corrientes. Estamos por debajo del 50%. Nuestra deuda viva es de 106 millones. Tenemos capacidad para afrontar esto.

-Pongámonos en lo peor: el Estado no permite gastar ni el superávit ni el remanente. ¿El Ayuntamiento de Gijón tiene margen de maniobra con sus recursos?

-Margen tendría a través de las modificaciones pero si el gobierno central no mueve ficha y no modifica la regla de gasto la incumpliríamos. Yo entiendo que el Ayuntamiento tiene que afrontar todas las necesidades de los colectivos más vulnerables afectados por el COVID-19 y si las atendiéramos, como debería ser, se incumpliría la regla de gasto y en 2021 estarías obligados a presentar un Plan Económico-Financiero con restricciones brutales en plena crisis todavía.

-Muchos sectores económicos y la propia oposición piden que el Ayuntamiento elimine o rebaje la presión fiscal. ¿Se pueden rebajar impuestos?

-La intención no es rebajar impuestos. Los impuestos tienen su función y el Ayuntamiento tiene la obligación de redistribuirlos para que lleguen a quien más lo necesita. Si nosotros, con esta crisis y la caída de ingresos de la que hablamos hacemos encima una reducción drástica de impuestos, como se solicita, sí podría ponerse en peligro la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento. Si se podría, de cara al borrador de ordenanzas fiscales de 2021, ir viendo bonificaciones o exenciones en algunos tributos pero la reducción drástica de impuestos como la oposición plantea no es el camino.

-La Fundación Municipal de Servicios Sociales suele tener remanentes pero también tiene ahora mayores necesidades de recursos. ¿Cuales es su escenario económico?

-Tiene un presupuesto de casi 22 millones y, efectivamente, tiene remanentes. Ahora mismo con ese dinero va a hacer frente a un primer plan de choque. Están trabajando en una modificación de 2,5 millones. de su propio remanente. Luego habrá que valorar porque si esto se alarga o las medidas que se toman son insuficientes habría que aumentar la aportación municipal.

-La Empresa Municipal de Aguas suele tener dinero. ¿Tanto como para asumir esos 2,5 millones extras que costará el pozo de tormentas de Hermanos Castro?

-Si, lo puede asumir y la intención es que lo asuma de sus reservas.

-¿El Ayuntamiento podría recurrir a fondos de sus empresas para cubrir necesidades de otras áreas?

-La EMA era una de las candidatas, en caso de emergencia, a redistribuir sus beneficios dentro del Grupo Ayuntamiento pero surgió lo del pozo... La Empresa de Aguas sería la única que podría ser solidaría y ahora, con este problema, hay que ser cautos. Hay que cuantificar el coste exacto del modificado. Luego, si sobra dinero...

-¿Gijón debe seguir asumiendo sus pagos de los préstamos de Gijón al Norte y la Zalia?

-Están presupuestados y no tenemos, de momento, ninguna noticia de que las anualidades sufran modificación alguna.

-¿En qué sitios se está mirando para rascar ese dinero que se necesita por la crisis?

-Lo que ahora estamos haciendo es una evaluación en todas las áreas municipales de todos los proyectos y actuaciones que debido al estado de alarma y el COVID no puedan realizarse o no puedan prestarse para saber que recursos presupuestarios nos quedarían libres. Ya se está viendo, por ejemplo, el caso de las subvenciones a fiestas que se dice que no se harán. Igual que otras cosas que no se pueden desarrollar. Los recursos de esas actividades susceptibles de no desarrollarse son las que redirigiremos para derivarlas a los colectivos que lo necesitan.

-Se augura una modificación presupuestaria tras otra, ¿no se ralentizarán demasiado los tiempos de actuación?

-Es cierto que teníamos un presupuesto aprobado, que yo creo que era un presupuesto fuerte para cubrir las necesidades de la ciudad antes del estado de alarma, pero ahora tenemos que cubrir a colectivos más necesitados y esto lo tenemos que hacer con modificaciones presupuestaria y eso, desgraciadamente, lleva tiempo. Tienen que ir a pleno y luego a exposición pública antes de poner disponer del dinero pero nuestra intención es que se haga todo con la mayor brevedad posible.

-En todo este engranaje, ¿cómo encajan los 55 millones a dos años del plan de choque que se negocia en la mes de concertación social?

-La intención es que una parte se libere del presupuesto ya aprobado en actuaciones imposibles de realizar por el efecto del COVID y otra usar el remanente para potenciar actuaciones ya presupuestadas. Vamos a jugar con el remanente y con la reorganización del presupuesto hacia esa concertación.

-Entiendo que no esperan contar con ninguna ayuda adicional de las administraciones estatal o autonómica.

-Somos prudentes y hay que tener los pies en el suelo. De momento estamos jugando con lo que tenemos, no estamos vendiendo la piel del oso antes de cazarlos. Si esperamos que dentro de esa modificación de la regla de gasto nos permitan imputar, sin que contabilice para la regla, un determinado porcentaje, si no todo, del gasto relacionado con el COVID. Eso en primer lugar y, en segundo, hay la esperanza de que el gobierno central o la autonomía, pueda hacer algún tipo de transferencia o de compensación respecto a esos gastos.

-¿Cómo han reorganizado en la dirección general?

-De esta dirección dependen cinco servicios: contratación, patrimonio, relaciones con otras administraciones, presupuestos e ingresos. Todos muy transversales. A través del teletrabajo lo que hemos intentado es acelerar todo lo posible el tema de los pagos. Nos preocupa mucho. Queremos pagar, pagar y pagar para que el dinero fluya; que la maquinaria no se pare. La clave es no parar de pagar. Moveos muchos recursos y trabajamos con mucho proveedores; bastante es que muchos han tenido que dejar de trabajar para que luego nosotros vayamos a ralentizar pagos. Y en cuanto al tema de ingresos y tasas están todas en la nevera hasta que el estado de alarma se elimine. A partir de ahí, valoraremos.

-¿Y la suspensión de contratos?

-Ese fue uno de los primeros problemas que hubo que afrontar. Hay un real decreto que lo regula y a partir de ello hemos suspendido aquellos que bien no se podían prestar porque no eran esenciales o bien no se podían prestar porque estamos cerrados. Aprobamos una instrucción interna de cómo había que tramitar la suspensión y ahora estamos a la espera de que se levante el estado de alarma para levantar la suspensión y volver a la prestación ordinaria del servicio.

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