Un "sí", pero con condiciones. La Empresa Municipal de Aguas (EMA) ya tiene luz verde de su consejo de administración para seguir adelante con la obra del pozo de tormentas de Hermanos Castro . Pero el apoyo del consejo no ha sido gratis. Incluye el compromiso de requerir al Pleno que se ponga en marcha una comisión de investigación sobre esta obra que resuelva todas las dudas y depure posibles responsabilidades políticas o técnicas. Todo en aras a garantizar total transparencia sobre la polémica infraestructura a la ciudadanía. Esa comisión tendrá lugar en el ámbito del Ayuntamiento. Dentro de la EMA, empresa que preside el concejal socialista Olmo Ron, lo que se ha decidido es contratar una asistencia técnica con dedicación exclusiva a la obra.

Después de este modificado -el segundo desde que la obra fuera adjudicada a Acciona en octubre de 2018 por 7,3 millones y 22 meses de plazo- el pozo de tormentas pasará a costar 11 millones y acabarse en septiembre del año que viene. La aprobación se consiguió gracias a los votos a favor de los consejeros de PSOE, IU, UGT, Comisiones Obreras y el movimiento vecinal representado por la Federación Rural. Vox votó en contra y Ciudadanos, Podemos y Foro optaron por la abstención. El PP no acudió a la reunión.

Gijón tiene un cercano antecedente de comisión de investigación (o más correctamente comisión no permanente): la constituida para intentar esclarecer las posibles ramificaciones dentro del Ayuntamiento de la conocida como red "Enredadera" de corrupción con implantación a nivel nacional. La investigación se abrió tras detectarse contactos de empresarios vinculados a la trama con concejales y directivos municipales y su participación en varias licitaciones.

El Pleno aprobó el informe de conclusiones con los votos a favor de toda la oposición y el rechazo de Foro, en el gobierno. Más allá del reproche político y sugerencias de mayor transparencia de las agendas de los concejales no salió ninguna medida de ese informe. El mensaje final fue que la trama había intentado entrar en el Ayuntamiento pero no lo había conseguido y que los contratos con firmas vinculadas, como el del servicio de atención a domicilio, cumplía con la legalidad exigida.

En el pozo de tormentas toca aclarar que pasó con el contrato para generarse un sobrecoste de 2,5 millones. Quién lo sabía y desde cuando. Un contrato, como recuerda el PSOE, heredado de Foro. La modificación se justifica con criterios de seguridad ya que informes geológicos posteriores a la adjudicación definieron que el proceso constructivo elegido podía generar deslizamientos de tierra que ponían en riesgo a las viviendas del entorno y era mejor cambiarlo por otro más caro.

Llovía sobre mojado. En 2015 ya hubo que resolver un contrato para la misma obra con FCC porque las condiciones que se encontraron en el terreno no eran las mismas que se indicaban en el proyecto constructivo. Este pozo está en tramitación desde 2011.

"Como miembro de este consejo, y del anterior, casi me siento engañado. Hemos ido a a ciegas, sin información. Ahora se nos explica que la anterior gerencia sabía desde principios de 2019 que había problemas pero al consejo nadie nos avisó. Habíamos dado autorización al gerente para que pudiera autorizar pequeñas modificaciones pero esto no es pequeño", explica José Carlos Fernández Sarasola, portavoz de Ciudadanos y el primer en plantear en el consejo la idoneidad de abrir esa comisión de investigación. Olmo Ron asegura que el PSOE solo tuvo conocimiento de la gravedad de la situación tras cesar al anterior gerente. Foro mantiene que se hicieron todos los trámites siguiendo las pautas de los técnicos.

Podemos también se ha mostrado a favor de una comisión de investigación que, curiosamente para otro tema pero sobre la misma empresa pedían hace un año desde Xixón Sí Puede. Yolanda Huergo entiende que es necesario aclarar "las zonas de sombra" de este contrato para, entre otras cosas, recuperar la confianza en quienes lo gestionan después de acumular fallos y millones. Tanto desde Ciudadanos como desde Podemos se ve en la comisión de investigación una vía para depurar responsabilidades técnicas y políticas pero también para planear mejoras en la gestión.