Fijar las condiciones para la solicitud de un préstamo de 20 millones de euros, dar luz verde a los criterios sobre ponderación de ingresos familiares de cara al acceso a las ayudas al alquiler para las que la Empresa Municipal de la Vivienda tiene una dotación de 4,1 millones y autorizar un gasto para subvenciones a obras de rehabilitación de fachadas y eliminación de barreras arquitectónicas por una cuantía total de 387.254,25 euros son las decisiones de mayor envergadura económica tomadas ayer en la Junta de Gobierno.

Una sesión que, tras varias semanas de gestión telemática, volvió a ser presencial aunque se trasladó al salón de plenos para garantizar la distancia de seguridad entre los ediles. La coincidencia con el consejo de administración de la Autoridad Portuario impidió que la presidiera la Alcaldesa. Su puesto fue ocupado por la concejala de Bienestar Social y Derechos, Natalia González.

En cuanto a estos tres primeros asuntos hay que recordar que el recurso a un préstamo para inversiones ya venía fijado en presupuesto aprobado en Pleno, que los criterios elegidos para las ayudas al alquiler vienen definidos por una resolución de agosto de 2018 de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales y que las ayudas para rehabilitación alcanzan a 16 comunidades de vecinos. La subvención más cuantiosa, con algo más de 100.000 euros, fue para el bloque 9 de la calle Padilla.

Además, se aprobaron las bases específicas para los procesos selectivos de 118 plazas de promoción interna en el Ayuntamiento: 58 de funcionarios y 60 de personal laboral. Plazas incluidas en las Ofertas de Empleo Público de los ejercicios de 2016, 2017, 2018 y 2019. En cuanto a convenios se suscribieron cuatro con el Foro Jovellanos por 9.500 euros, el Ateneo Jovellanos por 7.500, Alnorte Arte Contemporáneo por 5.700 y la AMPA del Centro Ángel de la Guarda por 4.000.

El listado de decisiones de la Junta de Gobierno incluyó ampliar el plazo que afecta a las subvenciones para actuaciones y proyectos de promoción económica y empleo de carácter plurianual 2019-2021 adecuándolo a la realidad de la paralización de procesos por la crisis del coronavirus, reajustar los gastos hasta 2025 del contrato para la solución integral de impresión, escaneado y fotocopiado suscrito con la empresa Ricoh España y la disolución de una junta de compensación del Peri 10 de El Coto, que se someterá un mes a información pública para posibles alegaciones.