Una reunión la semana que viene para cerrar algunos flecos y la aprobación en la sesión plenaria de las próximas semanas es lo único que le falta al Ayuntamiento de Gijón para dar un salto de algo más de 15 años en su trabajo político. Los siete grupos de la actual Corporación han consensuado un nuevo reglamento de funcionamiento del Pleno que sustituirá al vigente desde 2004 adecuando la normativa no solo a los cambios legislativos desarrollados a lo largo de estos años sino a las nuevas realidades tecnológicas, a la constante ampliación de grupos políticos y a los principios de transparencia en la información y de mayor participación ciudadana. Además, se ha aprovechado para dar rango normativo a cuestiones que ahora solo tenían el aval de un compromiso político inestable.
Así, por ejemplo, el reglamento ya fija para siempre que los concejales con algún tipo de liberación no podrán cobrar dietas. Ni por asistencia a organismos dependientes del Ayuntamiento ni en otros ámbitos. Todas las cuestiones de retribuciones a los concejales deberán publicarse, además de en el BOPA, en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento y con algún dato más de los actuales en su declaración de bienes.
El proceso que ahora termina tuvo su origen en un iniciativa plenaria presentada por Ciudadanos en enero de 2016 para crear una comisión que rehiciera ese reglamento. Comisión que puso en marcha el gobierno de Foro pero que fue languideciendo en su labor hasta quedar paralizada e inclusa la labor en el anterior mandato. Ahora, en poco menos de un año, el reglamento está listo.
Hay muchos cambios que tienen que ver con una mayor posibilidad de participación ciudadana. Para empezar en el orden del día de los plenos se incorporará un nuevo punto titulado ruegos y preguntas de la ciudadanía que servirá de cierre de la sesión. Algo que se viene haciendo desde hace tiempo pero sin reflejo reglamentario. Además se estipulan procesos de consulta pública, con algunas excepciones, para que vecinos y entidades puedan dar su opinión en el proceso de redacción de ordenanzas y reglamentos y se abre la puerta a que las entidades del entramado asociativo puedan pronunciase sobre el proyecto presupuestario. El nuevo reglamento, además, desarrolla el proceso de tramitación de las iniciativas populares.
Hay otros elementos que tienen que ver con la gestión interna de los grupos políticos. Por ejemplo, con sus dineros. El actual reglamento fija que deberán ponerlo a disposición del Pleno si se lo pide y ahora queda negro sobre blanco que cada año deben presentar a la Intervención un listado de los gastos que imputen a la subvención que reciben de las arcas municipales. Además se exige a su personal la misma obligación de confidencialidad que a los concejales en la gestión de información.
En cuanto a la disciplina a las llamadas al orden a los ediles se suman ahora las llamadas a la cuestión cuando el edil se aparte en su intervención del tema de debate. Tres llamadas al orden pueden acabar en expulsión y tres llamadas a la cuestión en retirada de la palabra.
Los cambios en el articulado incluyen también que la Junta de Portavoces pueda acordar por consenso declaraciones institucionales de carácter urgente, que las iniciativas plenarias se abran a votaciones separadas de cada uno de los puntos del acuerdo y que las actas de las comisiones de Pleno sean públicas. Las iniciativas de la oposición se limitan en número para evitar plenos interminables ya que ahora el número de partidos en el salón ha crecido ampliamente sobre hace quince años.Esta actualización del reglamento ha servido también para ajustar el texto a la existencia de "concejales y concejalas" y dar importancia al uso la tecnología. Algo que la crisis del coronavirus hizo adelantar en la práctica con sesiones plenarias donde los concejales estaban en sus casas y aprobaban los asuntos a través de una pantalla.
