La Comisión no permanente de Modificación de Reglamentos del Ayuntamiento aprobó ayer por unanimidad el dictamen del Reglamento Orgánico del Pleno, para su votación en el próximo Pleno previsto el miércoles que viene.

El nuevo reglamento sustituirá al anterior publicado en el BOPA el 2 de octubre de 2004, y su objetivo no es únicamente adaptar esta nueva normativa a la numerosa legislación que se ha dictado desde entonces, sino también "hacer frente a los retos de una administración local moderna en el contexto de la revolución tecnológica, el cambio climático y la desigualdad de género".

Además, "pretende garantizar el funcionamiento democrático y eficaz del Pleno, especialmente ante situaciones de crisis que puedan producirse por causa de fuerza mayor, grave riesgo colectivo o catástrofe pública como supone la crisis sanitaria actual".

En la práctica la renovación se sustanciará en varios frentes, como explica la portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón, Marina Pineda. Así, "se avanza en la administración electrónica, tanto en las notificaciones como en el acceso a la información por parte de los grupos municipales", apunta, y se clarifican aspectos de los debates plenarios "como la posibilidad de votación por puntos en las proposiciones de los grupos municipales o el ámbito de las enmiendas 'in voce', que solo podrán presentarse cuando haya una enmienda previa por escrito".

También clarifica la mayoría necesaria para aprobar declaraciones institucionales, que requerirán el voto favorable de 24 concejales cuando no exista consenso, y se establece la posibilidad de aprobación de declaraciones institucionales de carácter urgente por la Junta de Portavoces. Del mismo modo se modifica el debate del estado del municipio, que se desarrollará en dos días e incluirá la presentación de propuestas de resolución por parte de los grupos municipales, y también se diferencia el debate de los ruegos del de las preguntas en el Pleno.

Por otra parte, se modifica el desarrollo de las comparecencias en comisión para hacerlas más ágiles, se clarifican los supuestos de inadmisión de enmiendas o alegaciones a los proyectos normativos, se regula la consulta previa a la ciudadanía para la aprobación de normas, y se amplia el ámbito de las enmiendas al presupuesto, que permitirán cambiar partidas de gastos entre distintas concejalías, siempre en las grandes áreas de gastos presupuestarios.