Metro en mano ha solventado el Ayuntamiento el recurso interpuesto frente a las bases de selección de cuatro plazas de técnico o técnica especialista en Prevención y Extinción de Incendios. Un proceso selectivo en turno libre de acceso vinculado a la oferta pública del año 2019 y cuyas bases fueron aprobadas por la Junta de Gobierno del pasado diez de marzo. Misma Junta de Gobierno que ayer decidía desestimar un recurso presentado contra esas bases por considerar que fijar una talla mínima de altura de 1,60 metros tanto para los candidatos hombres como para las candidatas mujeres a ser del equipo de bomberos era una "discriminación indirecta en perjuicio de un número superior de personas del sexo femenino". El recurrente pedía suprimir ese requisito.
No se hará. Desde el área de Recursos Humanos no solo incluyen argumentos jurídicos y de las condiciones específicas del trabajo que deben realizar los bomberos para justificar la petición de esa altura. Además, a la hora de negar la supuesta discriminación que ello supone para las mujeres, recurren a la estadística fijándose en un dato muy concreto: el promedio de la estatura de las mujeres españolas está fijado actualmente en 1,63 centímetros. Tres más de la talla mínima exigida.
La exigencia de una altura mínima se establecía en el artículo 6 de las bases específicas de esta selección, el destinado a otros requisitos y donde se incluyen también estar en posesión del carnet de conducir C y E o equivalentes y del carné de patrón de navegación básica, "estar exento de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de accidente y de cualquier deficiencia física o psíquica que pueda constituir una dificultad en la práctica profesional" y acreditar la actitud física con un certificado médico.
En la respuesta negativa al recurso se explica desde el Ayuntamiento que "no existe vulneración del principio de igualdad en el acceso a la función pública, siendo razonable y proporcionada la exigencia de una altura mínima igual como condición física razonable y proporcionada que ayuda a ejercer de forma eficiente y eficaz las funciones del trabajo". Un principio que, se deja constancia en el escrito, " no se ve menoscabado siempre que los méritos o capacidades a valorar tengan relación con la actividad concreta que se va a desempeñarse . El personal realizará tareas de intervención directa en situaciones de riesgo donde primará, como interés general, proteger la seguridad ciudadana sin olvidar la necesidad de garantizar su propia seguridad".
Por otro lado, la Junta de Gobierno dio luz verde a un crédito de 120.000 euros para el desarrollo comercial de microempresas de la ciudad. Un dinero que se distribuye entre los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021 y unas ayudas que se enmarcan en el programa de incentivos de Gijón Impulsa. En este caso concreto se trata de apoyar actuaciones encaminadas a la apertura de nuevos mercados o a la mejora de la comercialización de productos o servicios.
De manera genérica se pide a los beneficiario una antigüedad empresarial de una década. Requisito que se elimina en las microempresas de carácter cultural y creativo amparadas por el plan especial de dinamización de la cultura impulsado por el Ayuntamiento por la crisis del coronavirus.
También se dio el visto bueno a una partida de 90.000 euros, dentro del pacto de concertación, para la mejora de las áreas empresariales públicas del municipio. Se financiarán gastos correspondientes "a los proyectos de mantenimiento, conservación, limpieza e iniciativas que redunden en la calidad de los servicios prestados a las empresas instaladas en estos espacios".
