No hay problemas para que el Pleno tome un acuerdo que permita la supresión con carácter retroactivo para todo 2020 de las tasas por instalación de terrazas hosteleras y puestos en mercados y haga lo mismo con los recibos del agua y la basura. Una decisión política adoptada desde la Alcaldía al decretarse el estado de alarma en marzo para paliar los efectos económicos de la crisis del coronavirus en sectores como la hostelería y el comercio. Asunto más complejo es dirimir la fórmula adecuada para alcanzar esa retroactividad en el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) donde este 2020 se iba a estrenar el IBI diferenciado, o popularmente llamado "IBI para ricos", que eleva del 0,49 al 0,79% el tipo impositivo para las propiedades no residenciales con un valor catastral superior al millón de euros. En todo caso, la Alcaldía remitió en junio una resolución instando a los Servicios Tributario del Principado a no aplicar esa subida en los recibos que empezará a emitir en septiembre. El objetivo político vuelve a ser apoyar al entramado empresarial local en estos tiempos de crisis.
El aval a la supresión de estas tasas, de gran incidencia sobre todo en la hostelería que tiene en las terrazas su nueva forma de vida, está entre las conclusiones del informe elaborado por la responsable de la Secretaría General del Pleno, Inmaculada Fernández Gancedo, después de que la Intervención alertara de la inviabilidad de tomar una decisión con carácter retroactivo -lo que supondría devolver lo ya cobrado en los tres primeros meses del año-, el letrado de la Junta de Gobierno sí viese factible formalizar esa decisión y el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento dictaminase en la misma línea que la Intervención. En su informe, Fernández Gancedo hace constantes referencias a la excepcionalidad de la situación, pone ejemplos de otras ciudades y, explica que si la Constitución impone la irretroactividad de disposiciones desfavorables o restrictivas "a sensu contrario cabe predicar la retroactividad de las normas favorables.
Con este informe en las manos la concejalía de Hacienda que lidera la socialista Marina Pineda llevará al Pleno de agosto el asunto, que se levantó del orden del día de la sesión de julio a la espera de este estudio aclaratorio pedido por Ciudadanos con el apoyo de todos los grupos.
Fernández Gancedo indica la posibilidad de un acuerdo plenario de supresión de esas tasas para 2020 sin que eso tenga que conllevar el proceso de tramitación completa de una ordenanza fiscal. Si recomienda que vaya en expediente separado al de las ordenanzas fiscales de 2021, que se publique en el BOPA para su aplicabilidad este año y que si se quiere mantener su supresión para ejercicios futuros se incluya en el expediente de ordenanzas fiscales.
Lo del IBI diferenciado resulta más complejo. La Secretaría General recomienda no incorporar la retroactividad a un impuesto ya que eso solo podría conseguirse a través de una norma con rango de ley. De hecho, recuerda que el Congreso de los Diputados está tramitando ahora mimo una ley que favorece esa opción y a esa opción s eermite. Pineda reconoce la complejidad especial del IBI diferenciado pero defiende que "de momento, está suspendido" y aboga por trabajar en esa línea "porque el objetivo político está claro". No lo comparte Rubén Pérez Carcedo, de Ciudadanos, que "con estas dudas jurídicas lo que tiene que hacer el gobierno es quitarlo definitivamente porque es un impuesto injusto, de carácter ideológico y que grava a los sectores más afectados por el covid".
