La concejalía de Hacienda, que lidera la socialista Marina Pineda, ya tiene a todo gas la maquinaria de elaboración del anteproyecto de presupuesto para 2021. Ayer terminaba el plazo para que los centros gestores y las empresas municipales remitieran a la Dirección General Económico-Financiera que encabeza Isaac Ángel Sánchez Cuervo sus propuestas de gasto. Hasta el uno de septiembre hay de plazo para enviar las estimaciones de ingresos y la memoria de objetivos que justifiquen las propuestas.

El diseño del presupuesto se hace a partir de cuatro criterios fundamentales que se vinculan tanto a la política presupuestaria del actual equipo de gobierno como a la realidad impuesta por la inesperada crisis del coronavirus. Las líneas presupuestarias generales son cuatro: el mantenimiento de la senda de reducción y racionalización de los gastos corrientes, la atención prioritaria de los servicios sociales y de ayuda a los ciudadanos ante la pandemia del covid-19, la potenciación de la capacidad inversora del Ayuntamiento y la potenciación de la actividad económica y reactivación de los sectores más afectados por la crisis de origen sanitario.

En materia de personal el planteamiento es presupuestar los costes salariales con un incremento cero y en las cuantías necesarias para cubrir las obligaciones pactadas en el acuerdo regulador , en el convenio colectivo del personal laboral dependiente del Ayuntamiento y en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en vigor, cuya aprobación se ejecutará en los próximos días tras medio año de negociación. Este 2020 arrancó con un presupuesto para el Ayuntamiento de 233 millones de los que a gastos de personal iban 62 millones. El presupuesto consolidado, donde se vinculan también las cuentas de las sociedades municipales, se elevaba a 320 millones.

En el caso de los gastos corrientes desde la concejalía se ha pedido a los servicios municipales una serie de datos sobre las aplicaciones que se sustentan en contratos y un memorándum que justifique cualquier incremento en un aplicación presupuestarias respecto al cálculo establecido para este ejercicio. En cuanto a las inversiones reales no sólo se pide la descripción del proyecto, sus plazos y su importe sino, cuando sea posible, el distrito donde se ejecutará y el encuadre del proyecto en objetivos financiables por la Unión Europea.

En el caso de las empresas municipales desde la Dirección General Económico-Financiera se les indica que, con carácter general, las aportaciones que le pidan al Ayuntamiento no deben contemplar incrementos respecto a las consignadas en el presupuesto inicial de 2020. Si la petición de aumento de transferencia se vincula a los afectos del covid-19 debe individualizarse el importe solicitado, cuantificarse y explicarse en una memoria separada.

Todo este proceso corre paralelo en el tiempo a modificaciones en el presupuesto del año en vigor. El primero del gobierno de Ana González y el primero no prorrogado desde 2017. La crisis del coronavirus ha marcado la ejecución presupuestaria del año, que sigue pendiente de las posibilidades de uso de los remanentes que permita el Estado y con la puerta abierta a incumplir la regla de gasto.