Unos setenta mil euros al año es lo que se va a gastar el Ayuntamiento en hacer ejecuciones subsidiarias, que tengan la consideración de necesarias y urgentes, para garantizar la seguridad, la salubridad y el ornato público en las calles de la ciudad. Eso supone acometer por iniciativa municipal trabajos de limpieza y vallado de solares o parcelas, retirada de vallas publicitarias, rótulos u otros materiales y "todas aquellas medidas que se consideren necesarias para el restablecimiento de la legalidad urbanística". Siempre sobre propiedades en las que el Ayuntamiento haya requerido previamente, sin resultado positivo por parte de sus responsables, una limpieza.

La idea es acabar con la imagen de una ciudad con solares abandonados llenos de maleza y edificios con piezas colgando que tanto afean como suponen un peligro para los viandantes. El ámbito de aplicación del proyecto abarca a todos los inmuebles de titularidad privada de toda la zona urbana o rural que estén afectados por procedimientos de orden de ejecución o restauración de la legalidad.

Estas son las condiciones fijadas en el contrato que acaba de ser adjudicado a la firma asturiana Obras Viales e Infraestructuras del Norte por un plazo de ejecución de dos años y la posibilidad de prorrogarse por otros dos. La resolución de Alcaldía fija el inicio del contrato el próximo 15 de agosto con lo que esos 24 meses iniciales se reparten en tres anualidades en lo que tiene que ver con su vinculación con la aplicación presupuestaria correspondiente: 19.469 euros para este año, 65.800 para el que viene y 46.330 en el año 2022. Gasto máximo sin los impuestos.

Esta adjudicación pone fin a un procedimiento administrativo que se abrió en abril del año pasado con otra resolución de Alcaldía -entonces en manos de Carmen Moriyón- que aprobaba el proyecto. El gasto fue autorizado en diciembre de ese mismo año al tiempo que se cerraba el plazo de presentación de ofertas con cuatro propuestas. El proceso se fue enredando en el tiempo hasta demorarse casi seis meses sobre la previsión inicial de adjudicación.

Primero por la exclusión de una de las ofertas al entender que era anormalmente baja; luego por la necesidad de rectificar la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación al detectarse un error aritmético en la valoración de las ofertas y más tarde al entender que el siguiente adjudicatario daba por retirada la oferta al no cumplimentar la documentación que se le había solicitado.

El mal estado de solares que no son atendidos por sus propietarios es una queja habitual de los colectivos vecinales de todos los barrios. Caso singular se ha vivido en Nuevo Roces donde llegaron a abrirse 23 expedientes disciplinarios. La mayoría sobre fincas compradas en su momentos por constructoras para edificar pero donde las obras quedaron sin empezar o sin terminar por la crisis de 2008.

La contratación de una empresa externa para hacer este tipo de trabajos se planteó como la vía para dar continuidad al trabajo que en ese mismo ámbito ya estaba haciendo el equipo municipal de Disciplina Urbanística. También hay un compromiso, por mandato plenario a partir de una iniciativa de Ciudadanos, de hacer un censo de solares abandonados.