Ecologistas en Acción de Asturias ha presentado alegaciones en el proceso de información pública para la obtención de la nueva autorización ambiental integrada de las térmicas de EdP, en las que solicita al Principado "la aplicación lo más estricta posible de todas las horquillas establecidas para los valores límites establecidos" para emisiones contaminantes de grandes instalaciones de combustión, fijados por la normativa europea de julio de 2017. Esta normativa es de obligada aplicación a partir de julio del año que viene.

EdP ha solicitado al Principado que le fije los limites en la parte alta de esa horquilla para varios contaminantes y valores intermedios para otros, algo con lo que está en desacuerdo Ecologistas en Acción, que esperan que la compañía energética se fije valores más ambiciosos de reducción de emisiones.

La organización ecologista apunta que realiza unas "alegaciones llenas de incertidumbres ante las noticias sobre el posible cierre de Soto de Ribera III, la disminución de uso de Aboño II; que podría quedar únicamente como 'Central Estratégica' con un bajo número de horas de funcionamiento; o al cambio de carbón a gases siderúrgicos de Aboño I, tal y como recogen los documentos presentados. Esto les permitiría cierta flexibilidad para cerrar, invertir o reducir capacidad de producción, con lo que, los límites generales de 200, 200 y 20 miligramos por metro cúbico de aire para dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y pequeñas partículas respectivamente, o los establecidos en las horquillas de la decisión de la Comisión Europea sobre mejores técnicas disponibles podrían no ser tan estrictos, funcionado menos de 1.500 horas o incluso a no ser aplicables en el caso de ir a menos de 500 horas".

En la Decisión de la Comisión Europea de 31 de julio de 2017 se establecen las Conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles para las grandes instalaciones de combustión; con la que estaríamos asistiendo a la "última" posibilidad de adaptación para las Centrales Térmicas de Carbón. Esta publicación supone que, antes de julio del próximo año, será obligatoria la revisión de la autorización ambiental integrada de las instalaciones existentes, dado que el plazo para la aplicación de las conclusiones de la nueva normativa es de cuatro años.

Los ecologistas destacan la "evidencia de que estas instalaciones contribuyen en gran medida a la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera, con un impacto considerable en la salud humana y el medio, además de causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas del medio ambiente".