La denominación de los espacios públicos de cualquier localidad ha sido siempre motivo de controversia política y social porque constituye un resorte primordial de los poderes públicos para rendir honores o enaltecer a personalidades, entidades y conceptos filosóficos y morales. No es de extrañar por lo tanto que la decisión de cambiarle el nombre a la avenida de Juan Carlos I que anunció hace unos días el gobierno local, formado por el PSOE e Izquierda Unida, haya levantado una intensa polvareda que trasciende con mucho a los vecinos y comerciantes de la gran arteria, que conecta el centro con la zona oeste de la ciudad a través de los barrios de Moreda, El Natahoyo, La Calzada y El Cerillero. La medida, que ya había pedido hace algunas semanas Podemos, se adopta tras la salida de España del Rey Emérito ante las crecientes dudas sobre sus conductas fiscales y personales. Y ha puesto de nuevo sobre la mesa la situación del callejero gijonés, que honra a algunas figuras con una fuerte carga ideológica.

Sobre el nombre de la avenida de Juan Carlos I cabe hacer al menos cuatro consideraciones. La primera es que el cambio implicará, como ha ocurrido en casos similares con anterioridad, trastornos para los residentes y los dueños de negocios porque les obligará a realizar trámites para actualizar sus direcciones y rótulos. La segunda es que las tres formaciones progresistas en el Ayuntamiento están totalmente legitimadas para aprobar la modificación porque suman 15 de los 27 concejales de la Corporación, una mayoría más que holgada que le han dado los gijoneses en las urnas, aunque renunciarán al consenso político en un asunto con importancia simbólica. La tercera cuestión relevante es que el anterior monarca no está siendo investigado, por lo que la decisión no se puede vincular a consideraciones judiciales sino a subjetividades que respaldan muchos ciudadanos y otros, no. Por último, el Ayuntamiento de Gijón, que fue pionero en los años noventa en la eliminación de calles ligadas al franquismo, no puede en este caso aducir a la Ley de Memoria Histórica porque la figura de Juan Carlos I escapa al período y acontecimientos que exige revisar esa norma.

En el pasado mandato, una propuesta para reemplazar el nombre de la calle La Merced por el de Alcalde José Manuel Palacio derivó en una sonora protesta ciudadana que obligó a los promotores a dar marcha atrás. No parece, a tenor de los acontecimientos de estos días, que algo parecido vaya a ocurrir ahora porque la avenida de Juan Carlos I, bautizada por un gobierno socialista, no acumula la historia ni la carga emocional que tiene la céntrica vía para miles de gijoneses. Sí convendría, ya que las autoridades locales están decididas a borrar del callejero al anterior jefe de Estado, que la futura denominación cuente con un gran respaldo social para que la mayoría de los ciudadanos se sientan cómodos por los lugares que comparten.