Consolidar una estación fija en El Lauredal dentro de la red oficial de control, dejar en su ubicación actual la situada desde hace años en la avenida de la Argentina y quitar la instalación que está en Hermanos Felgueroso, a la altura del colegio de la Inmaculada. Esas son las tres ideas claras que se manejan desde las administraciones autonómica y municipal de cara a una reordenación de los dispositivos repartidos por toda la ciudad para medir los niveles de contaminación del aire y tener así los datos más fiables posibles. Estas decisiones se toman teniendo en cuenta una campaña específica de control de emisiones en la zona oeste con la ubicación provisional de una instalación en Cristasa, los primeros avances del estudio encargado por el Principado al Instituto de Salud Carlos III para revisar toda la red asturiana y los resultados que durante meses ha proporcionado la estación móvil municipal ubicada en El Lauredal.

La idoneidad de la estación ubicada en la avenida de la Argentina, en el entorno de La Algodonera, ha sido constantemente puesta en duda por vecinos y ecologistas. El planteamiento era que su mala ubicación, encajonada entre altos edificios, justificaba que no diese los mismos malos resultados sobre la calidad del aire que sí daba, no muy lejos, la estación móvil del Lauredal. Para solventar la duda el Principado tuvo entre febrero y mayo una estación medidora provisional en el entorno del edificio de Cristasa, cercana a la estación fija de esa parte de La Calzada pero en un espacio con menor densidad residencial.

Los valores reflejados por una y otra en esos meses son muy similares lo que llevan a los responsables de la red a considerar que la actual ubicación de la estación es correcto y debe mantenerse. Al análisis de esa comparativa se sumaron también los valores registrados por la estación de control que ArcelorMittal tiene en Tremañes. A lo largo de 90 días se controlaron los mismos ocho parámetros en las tres estaciones. En lo que tiene que ver con las partículas PM10 la media en el periodo analizado fue de 27 en la unidad móvil, 29 en la fija de la avenida de Argentina y 26 en la privada de Tremañes. Las tres estaciones coincidieron a lo largo de esos tres meses en detectar tres superaciones de los límites legalmente establecidos para este concepto.

Esta campaña especial del Principado da por buena la ubicación de la estación de la avenida de la Argentina. Justo lo contrario de lo que pasa con el dispositivo ubicado en Hermanos Felgueroso, que, según las primeras indicaciones de los técnicos de la Carlos III, no aporta información de interés por su mala ubicación. A partir de ese análisis la intención del Principado es quitarla de allí. ¿Opciones? La fundamental es poder contar con más dispositivos en la zona oeste, aunque todas las decisiones sobre ubicación se tomarán tras ver las conclusiones definitivas del informe del Instituto Carlos III.

En su momento el Principado valoró llevarla al Lauredal, donde está la unidad móvil del Ayuntamiento. Eran los tiempos en los que la Plataforma contra la Contaminación de Gijón sugirió trasladar a esa zona la estación de Santa Bárbara. Algo que desde Medio Ambiente no se consideró oportuno. Ahora también está sobre la mesa la opción de comprar una unidad medidora nueva para El Lauredal.

Lo que esta claro, sea como sea, es que habrá una estación fija y oficial en El Lauredal, que es, con diferencia, el punto más problemático según los valores registrados en los últimos años. De hecho, los técnicos hablan más de un problema de contaminación en el corredor Lauredal-Jove que de un problema generalizado de contaminación del aire en la zona oeste. Aun así, para el tiempo de la vuelta al cole se espera que esté preparado el expediente para la licitación del plan especial de acción para la reducción de la contaminación en la zona oeste de Gijón. Un plan específico para esa zona y que debe enumerar medidas a corto plazo con el objetivo de mejorar la situación en un año y medio. Al documento se sumará un anexo con un protocolo de actuación en caso de episodios de contaminación. La novedad es que el Ayuntamiento tendría la responsabilidad de activar ese protocolo en caso de declararse un estado de alerta.