La magistrada del Juzgado número tres de instrucción de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha dictado auto de juicio oral contra 23 de los investigados en el supuesto fraude en torno a la obra de ampliación de El Musel, después de que el ministerio fiscal haya presentado un escrito de acusación contra cuatro exaltos cargos públicos y 17 directivos empresariales -la acusación popular incluye a dos más-, para los que solicita penas de entre dos y tres años de cárcel para cada uno. El fiscal, además, solicita que se condene a Tudela Veguín al pago de 80 millones de euros, como partícipe a título lucrativo, y que se indemnice a un vecino del Alto de Aboño con 8,31 millones de euros por la expropiación de su casa y sus fincas, condenando en este último extremo a la Autoridad Portuaria de Gijón como responsable civil subsidiaria.
La investigación judicial que llega ahora a las puertas del juicio en la Audiencia Nacional arrancó a raíz de una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude respecto a la obra de ampliación de El Musel, que se ejecutó entre 2005 y 2011 por parte de la UTE Dique Torres (Dragados, Drace, FCC, SATO y Alvargonzález Contratas), con importantes sobrecostes y ampliación de plazos que se negociaron en un despacho del Ministerio de Fomento.
El fiscal solicita las penas más altas de cárcel para los cargos públicos por los supuestos delitos de fraude y prevaricación (en este último caso sólo reclama inhabilitación). Al exsecretario de Estado de Transporte, Fernando Palao Taboada -en cuyo despacho se pactaron los sobrecostes-; al expresidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, que participó en aquel encuentro con las empresas; así como al expresidente y al exdirector de El Musel les pide tres años de prisión como supuestos autores del delito de fraude.
A 17 directivos de las empresas constructoras, el fiscal les pide dos años de cárcel como supuestos cooperadores necesarios en el delito de fraude. Se trata de Ana Dizy, Juan Miguel Pérez Rodríguez, David López Navarrete, Manuel Amaro Martínez, Eloy Domínguez-Adame, Javier Hidalgo González, Vicente Moscardó, Juan Ernesto Pérez Moreno, José María López Piñol, Octavio del Real, Francisco José García Martín, Maximino Gorostiza, Francisco Javier Lázaro Estarta, Rafael Martín de Nicolás, Joaquín Jiménez López, Luis Jesús Sánchez del Río y Jesús Fernández Velasco
El fiscal también acusa a Rexach como supuesto autor de dos delitos de prevaricación y a Díaz Rato como presunto cooperador necesario de uno de ellos, en ambos casos con penas de inhabilitación.
Por uno de esos supuestos delitos de prevaricación, el relativo a la expropiación del Alto de Aboño para obtener material de relleno para la obra (el desmonte nunca llegó a realizarse al bolquearlo el Ayuntamiento de Carreño), el Fiscal solicita que Rexach o subsidiariamente la Autoridad Portuaria de Gijón indemnicen a José Prendes, natural de esa zona, por la expropiación de su vivienda y fincas. Se da la circunstancia que la acusación particular que ejerce este empresario solicita una indemnización menor, de 2,5 millones de euros por la expropiación más otros 950.000 por daños morales al no poder recuperar la casería en la que nació, que fue demolida por el Puerto.
En la instrucción del caso Musel también se investigó un supuesto delito fiscal de Tudela Veguín, que había declarado haber cobrado sólo 7,7 millones de euros, los gastos, por la explotación por Dique Torres de sus canteras. Uno de los gerentes de la UTE declaró en el Juzgado, en cambio, que el coste real fue de unos 80 millones de euros en trabajos efectuados para la cementera sin facturar. En 2017 el Juzgado declaró prescrito ese supuesto delito fiscal, tal como había alegado la defensa de la compañía. Ahora el fiscal intenta que al menos la empresa del grupo Masaveu sea condenada como responsable civil al pago de esos 80 millones de euros como "partícipe a título lucrativo" del supuesto fraude. Se trata de la misma figura legal por la que en su día fue condenada como responsable civil la infanta Cristina en el juicio del caso Noos.
Las defensa prevén que, en caso de condenas, las penas de cárcel queden drásticamente menguadas, debido a lo que consideran dilaciones en el proceso.
