Las supuestas irregularidades en torno a la obra de ampliación de El Musel irán a juicio en la Audiencia Nacional después de que la magistrada instructora, María Tardón, haya dictado el pasado viernes el auto de apertura de juicio oral contra cuatro ex altos cargos públicos y 17 directivos empresariales. La vista oral no contará con en la bancada de los acusadores con la Abogacía del Estado, que ha hecho mutis por el foro después de que en marzo de 2018 fuera la primera en oponerse al sobreseimiento solicitado por las defensas, instando a la magistrada a sentar a los acusados en el banquillo.
Los motivos por los que la Abogacía del Estado no ha formulado ahora acusación no han trascendido. Durante la instrucción de la causa, que se inició el 8 de enero de 2015, la Abogacía del Estado estuvo en linea con los planteamientos de la Fiscalía Anticorrupción, que junto con el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN) y con la Asociación de Vecinos del Alto de Aboño son los que ahora sí han formulado los escritos de acusación.
La Abogacía del Estado se personó como acusación en el caso cuando el Abogado del Estado jefe para asuntos penales era Edmundo Bal, quien acabó pidiendo una excedencia después de que el Gobierno no asumiera su criterio profesional de pedir penas de rebelión en la causa judicial del Procés en Cataluña. Bal, con reputada solvencia profesional, acabó solicitando una excedencia y entrando en el mundo político. Actualmente es el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.
Bal dirigió los planteamientos de la Abogacía del Estado en el "caso Musel" y llegó a participar personalmente en algunos de los interrogatorios, por los que pasaron diversos integrantes de ese cuerpo jurídico. El último de ellos, Roberto Fernández Castilla, que es quien rubrica el escrito del 20 de marzo de 2018 en el que insta la apertura de juicio oral en el "caso Musel", rechazaba los sobreseimientos que pedían las defensas "existiendo como existen indicios de participación en el fraude". En su escrito aludía tanto a los posibles delitos de fraude y malversación, este último con penas más elevadas que el primero.
Desde que la Abogacía del Estado presentó ese escrito de 2018 el juzgado no procedió a practicar nuevas pruebas del caso. La instrucción ya estaba para entonces prácticamente hecha y desde entonces todo han sido recursos y alegaciones de las partes, con lapsos de paralización de la causa que llevaron a alguna de las acusaciones particulares a instar a la magistrada a que impulsara el procedimiento.
Tanto la asociación vecinal del Alto de Aboño como el OCAN presentaron sus escritos de acusación en 2018. Anticorrupción hizo lo propio el pasado 22 de julio y Abogacía del Estado se dio mus.
OCAN coincide con el criterio que había manifestado hace dos años y medio el Abogado del Estado de que existe una supuesta malversación, que conlleva penas de cinco años de cárcel, además del de fraude, por el que pide otros tres años, en total, ocho para los 21 acusados. Anticorrupción, en cambio, sólo aprecia el supuesto delito de fraude, solicitando tres años para los cargos públicos y dos para los empresariales. Ambas acusaciones se refieren también a supuestos delitos de prevaricación, al igual que los vecinos del Alto Aboño.
La obra de ampliación de El Musel se adjudicó en 2005 en 499,35 millones de euros más IVA, con un plazo de 46 meses. El Puerto acabó pagando 708,7 millones de euros, incluyendo sobrecostes y actualización de precios tras un modificado que elevó los precios de los materiales de cantera al alza y prologó el plazo de ejecución de una obra que se acabó entregando en enero de 2011.
El fiscal viene en su escrito de acusación a afirmar que la obra de ampliación era innecesaria, que estaba preconcebida su adjudicación a la UTE Dique Torres, que desde el principio se sabía que era inviable en los precios y plazos ofertados, que no se realizaron los estudios previos necesarios para la obra, que el objetivo principal era captar fondos europeos para la misma y que los sobrecostes se negociaron en un despacho del Ministerio de Fomento.
Además, el fiscal cuestiona las expropiaciones del Alto de Aboño, pidiendo que se resarza a José Prendes con 8,31 millones de euros. El fiscal no pudo sentar en el banquillo a Tudela Veguín al haber prescrito el supuesto delito fiscal por el que se la investigó durante la instrucción, después de que uno de los gerentes de la UTE Dique Torres apuntara que hicieron trabajos por valor de 80 millones de euros para la cementera sin facturárselos, unas actuaciones que le despejaron el terreno en el que amplió su fábrica de Aboño. Ahora el fiscal reclama a Tudela Veguín esos 80 millones de euros, como partícipe a título lucrativo.
En torno a la obra hay más cifras, como los 247,5 millones de fondos de cohesión que concedió en su día la Unión Europea y que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha propuesto a Bruselas que exija su devolución a España. O los 349,71 millones que Dique Torres reclamó judicialmente al Puerto como sobrecostes adicionales, pleito suspendido a la espera del resultado de este proceso penal.
En el banquillo se sentarán el expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach; el exdirector, José Luis Díaz Rato; el exsecretario de Estado de Transportes y también expresidente de El Musel, Fernando Palao y el ex presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas junto a 17 directivos de Dique Torres y los grupos ACS, FCC, OHL y Alvargonzález Contratas.
La Autoridad Portuaria de Gijón declinó ayer valorar el auto de apertura del juicio del caso Musel, en la que el fiscal la cita como responsable civil subsidiaria por la expropiación del Alto de Aboño. Tudela Veguín tampoco se pronunció.
El auto sí dio pie a reacciones políticas. La alcaldesa de Gijón, Ana González, se limitó a señalar que "hay que dejar a la Justicia que haga su trabajo" y que "el juicio determinará lo que tenga que determinar".
Mientras, Daniel Ripa, secretario general de Podemos en Asturias y uno de los cinto integrantes de OCAN que presentó la denuncia en la Audiencia Nacional, calificó de "histórico" que se abra el juicio, del que espera que además de las penas de cárcel se deriven indemnizaciones que permitan recuperar fondos al Estado, entre los 80 millones de euros que el Fiscal solicita a Tudela Veguín como partícipe a título lucrativo y los 250,9 que pide OCAN a los 21 procesados. Ripa también pidió "un cambio de actitud del Principado" respecto a este caso, tras la apertura de juicio.
El diputado autonómico del PP, Pablo González señaló que "esperamos que el gobierno regional colabore activamente en la rápida resolución del proceso judicial. Esperamos también que se actúe con diligencia para depurar todas las responsabilidades".
Para Rubén Pérez Carcedo, edil de Ciudadanos, "los sobrecostes han supuesto un expolio a todos los asturianos y un despilfarro de millones recibidos de Europa, de los que nadie ha asumido ninguna responsabilidad política hasta ahora, aunque parece que sí tendrán que asumir responsabilidades penales".
El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares señaló que "la gestión que entre 2004 y 2011 se hizo del Puerto de el Musel, con la adjudicación del contrato de ampliación y con los vergonzosos sobrecostes, supone una página negra de la historia de Asturias".
Eladio de la Concha, líder municipal de Vox, señaló que "el amiguismo y la corrupción se enmascaran tras determinadas contrataciones con sus posteriores sobrecostes y falta de control", al hilo de lo acontecido con el caso Musel.
