"No fue un homicidio, fue un asesinato machista". Con ese clamor y una concentración ante el Palacio de Justicia de Gijón ha arrancado hoy el juicio -que se prevé que se prolongue cinco días- por la muerte de la gijonesa Paz Fernández, en febrero de 2018 a manos de Javier Ledo. El planteamiento de la defensa de que se trató de una muerte accidental y, sobre todo, la consideración judicial con la fiscalía convencida de que lo ocurrido fue un homicidio y no un asesinato, ha generado la protesta del diversas asociaciones feministas incluido el Consejo de Mujeres de la ciudad. El tratamiento como homicidio, entre otras consideraciones incluye una pena máxima de 15 años de cárcel, que es lo que solicitan la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Las acusaciones particulares, la de los hijos de la víctima y su madre y hermanas, elevan esa petición de prisión hasta los 25 años.

"Una vez más la justicia patriarcal se niega a reconocer la gravedad de los asesinatos machistas, de la misma manera que se niega sistemáticamente a reconocer las violaciones, calificándolas de abusos y, de facto, situando la responsabilidad en las víctimas en vez de en sus verdugos o agresores, ¡no lo vamos a permitir!", claman portavoces de la asociación Libres y Combativas, que convocaba el acto.

A la protesta se han adherido más de veinte sindicatos, colectivos feministas y organizaciones de la izquierda.