Medidores de ruidos y gases para "cazar" a los vehículos contaminantes y carriles a 30 kilómetros por hora en las calles de Gijón. La ordenanza de movilidad, que tras una reunión de la comisión del área de ayer queda a la espera de la redacción final para su aprobación en el Pleno, incluirá a última hora estas dos novedades tras las más de cien enmiendas presentadas por parte de los grupos municipales de la oposición. La esencia del plan original del concejal Aurelio Martín, no obstante, se mantiene: los vehículos sin etiqueta medioambiental no podrán estacionar en plazas de la ORA a partir de 2022 ni circular por la ciudad a partir de 2026.
El bloque del centroderecha casi no ha logrado sacar adelante ninguna de sus propuestas y el documento final se aprobará gracias al apoyo de Podemos, que es el partido que logró incluir ayer que la vigilancia de los vehículos contaminantes se base en el uso de sonómetros y medidores de gases contaminantes y que, además de la ya conocida medida de que todas las calles de un único sentido limiten a 30 kilómetros por hora su velocidad, las vías con más de un carril en un mismo sentido restrinjan también uno de ellos a esa misma velocidad, facilitando así la movilidad de los ciclistas, que tendrán así menos posibilidad de resultar heridos en caso de accidente.
La ordenanza lleva meses en debate y su aprobación final iniciará un largo período para modificar la movilidad en Gijón. El eje central de la normativa sigue siendo la de expulsar a los vehículos contaminantes de la ciudad, si bien incluirá finalmente medidas de apoyo -también propuestas por Podemos- para facilitar una transición menos traumática. En concreto, habrá un plan de ayudas para los usuarios que deseen cambiar su coche contaminante por uno con etiqueta ambiental de segunda mano -para los recién estrenados ya hay ayudas estatales- y se facilitarán autobuses lanzadera en las zonas rurales con más demanda.
Otra modificación aprobada ayer, aunque más de carácter técnico, garantiza un mínimo consenso en la materia: que sea el Pleno y no la Alcaldía el órgano competente para regular, cuando se adopte la medida, el plan de zonas de bajas emisiones en la ciudad, el que regulará qué partes de Gijón quedarán reservadas a vehículos "eco". Fue una larga batalla de Ciudadanos. Al no existir una normativa superior que legisle esta materia, el documento del gobierno local redactó el suyo hablando de un "órgano competente" que, en realidad, no existe porque ninguna otra norma ha aclarado de momento cuál debe ser. Por defecto, tal y como confirmó Ciudadanos, en estos casos en los que la competencia no está clara la autoridad se delega en la Alcaldía de cada municipio, un detalle que la oposición temía que pudiese aprovecharse Ana González para implantar las restricciones de circulación a coches diésel matriculados con anterioridad al año 2006 y los de gasolina matriculados antes de 2001 de un momento para otro. "No queríamos que pasase como lo que pasó con el Muro", razona el portavoz naranja, José Carlos Sarasola. El edil de Movilidad, Aurelio Martín, garantizó ayer que la idea del gobierno era buscar consenso antes de acometer cualquier prohibición. Por eso, el órgano elegido será el Pleno.
El otro debate también superado, aunque a medias, es el de las motocicletas. En el documento original de la ordenanza se las obligaba a pagar por aparcar en plazas de la ORA, y finalmente no tendrán que hacerlo porque la oposición alegaba que no tenían suficientes plazas de aparcamiento propias. Aquí el Partido Popular no quedó del todo conforme. "No podemos decir, en absoluto, que las motos quedarán exentas de pagar. Eso no figura por ninguna parte. Lo que se hace es quitar ese apartado y crear más aparcamientos, así que, cuando el Ayuntamiento considere que ya hay plazas suficientes para motocicletas, volverá a hacerle pagar la ORA", opina la edil Ángeles Fernández-Ahúja, que también ve con dudas que se vaya a omitir del texto final calificar los pagos de la ORA como "tasas". "Van a ser una exacción, que creo que es un término confuso", concreta. La medida, eso sí, permitiría que, si la ORA no es una tasa y no tiene que estar sujeta a tarifas concretas, la Corporación pueda aprobar rebajas del pago para colectivos concretos.
La ordenanza, finalmente, saldrá adelante por el apoyo de Podemos y con la postura en contra del PP, Foro y Vox, que lamentan desde hace semanas que casi ninguna de sus enmiendas y propuestas hayan sido tomadas en cuenta. Ciudadanos, que hasta ahora valoraba la abstención, empieza a inclinarse también por el voto en contra. Todos ven con recelo que se mantengan las cuatro modalidades de la ORA (cada una con un color y condiciones diferentes, algo que consideran "confuso" y de "afán recaudatorio"), la "exclusión" del debate al Foro de la Movilidad y la "tajante" expulsión de los vehículos contaminantes en 2026.
