El jesuita que ejerció como profesor en el colegio de La Inmaculada y que ha sido procesado por presuntamente "abusar sexualmente de forma continuada de una alumna", menor de edad en aquel momento, se enfrenta a ocho años de prisión, alejamiento y libertad vigilada por petición de la Fiscalía de Gijón. El escrito de acusación provisional ya ha sido presentado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en la ciudad. En él, se relata la relación del religioso con la chica durante varios años, que culminó en los presuntos abusos.
El ministerio fiscal sostiene que el sacerdote Jorge Enríquez, ahora de 50 años, trabajaba como docente en el colegio en el que estudiaba la menor, y que siendo conocedor en todo momento de la edad de la niña, inició el contacto personal con ella a través de redes sociales. En sus conversaciones "le decía que no era de piedra, que la quería" y utilizaba las expresiones "princesa" y "solete" para dirigirse a ella, explícita el escrito remitido por el ministerio público.
Durante 2008 y 2009, cuando la menor tenía 12 y 13 años, "el procesado siguió intimando con ella, provocando encuentros y diciéndole que la amaba y que la deseaba", continúa la acusación. Durante el 2010, cuando la niña tenía 14 y 15 años, "mantuvo los primeros encuentros sexuales con ella, llegando a mantener relaciones completas cuando la menor contaba con 17 años", remata el fiscal.
El procesado "le decía a la menor que era la mujer de su vida, que quería una vida con ella pero que no podía debido a su condición de sacerdote". La relación finalizó en septiembre del año 2012 y los hechos ocasionaron un trastorno de tipo ansioso depresivo en la chica.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de abuso sexual y solicita que se condene al sacerdote a ocho años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación absoluta para el empleo y desempeño de actividades docentes y cualquier otra relacionada con menores durante cinco años y libertad vigilada durante ocho, con la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio y de aproximarse a ella, su domicilio y lugar de trabajo, a menos de 500 metros, ambas durante ocho años. En concepto de responsabilidad civil, solicita que el procesado indemnice a la menor con 3.000 euros.
La denuncia de este caso causó honda conmoción en la comunidad educativa gijonesa, donde el acusado desempeñó las labores de profesor de Religión y de coordinador de pastoral entre 2005 y 2008 en diferentes cursos de la ESO. Tras la denuncia presentada por la víctima el año pasado, el jesuita, que ejercía en un colegio de la Compañía en Logroño, fue apartado hasta que el caso se dirima en el Juzgado. Desde entonces permanece en la Casa de Ejercicios de Villagarcía de Campos, en Valladolid, en virtud del estricto protocolo que mantiene en estos casos la Compañía de Jesús, imponiéndole también algunas medidas cautelares como la de no tener contacto con menores.
