La magistrada del Juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón Olmos, ha denegado a la acusación popular, el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN) la posibilidad de pedir que los 21 acusados por el supuesto fraude en la obra de ampliación de El Musel indemnicen solidariamente al Estado con los 251 millones de euros en los que se incrementó el presupuesto de la obra en el modificado en el que se aprobaron los sobrecostes.

La jueza corrige así su propio auto de apertura de juicio oral, en el que había aceptado esa petición indemnizatoria, además de la acusación presentada por OCAN contra otras dos personas, directivos empresariales, contra los que la propia jueza había sobreseído la causa en base a recursos presentados con posterioridad a la formulación del escrito de acusación por OCAN.

En cuanto a la indemnización, la jueza admite los argumentos de las defensas de los 21 acusados, que señalaban que la acusación popular no puede pedir responsabilidades civiles sino sólo penales.

En el auto dictado por la magistrada, se ciñe ahora la responsabilidad civil a los 8,35 millones de euros más intereses legales que el fiscal reclama al expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach, para indemnizar al vecino del Alto Aboño expropiado por el Puerto, José Prendes. Se da la circunstancia de que la petición de indemnización de la Fiscalía es superior a la que plantea en este caso la acusación particular. El auto previsiblemente será recurrido.