El anuncio por parte del Gobierno central de la suspensión de la aplicación de las reglas fiscales en 2020 y 2021 despeja parte del camino que el gobierno local, y más en concreto la concejalía de Hacienda liderada por la socialista Marina Pineda, está recorriendo para diseñar el presupuesto municipal del próximo año. No sólo supone facilitar el día a día de la gestión presupuestaria al dejar sin efecto los objetivos de estabilidad y deuda pública y no aplicar la regla de gasto ni este año ni el que viene sino que, en el caso del Ayuntamiento, supone también poner dar uso a 12,5 millones, sobre los alrededor de 33 millones de remanentes acumulados por la entidad municipal, que ahora mismo no se podían tocar porque la ley imponía que su destino fuera la amortización de deuda.
¿Se derivarán todos esos recursos al nuevo presupuesto? No hay nada decidido. Sí parece claro que las posibles modificaciones presupuestarias que se puedan hacer de aquí a final de año sobre el documento de 2020 no necesitarán de un gran desembolso, pero el equipo económico municipal valora la posibilidad de mantener el destino del pago de deuda de una parte de esos 12,5 millones para facilitar el ahorro neto. Con o sin la posibilidad de usar los remanentes y con o sin reglas fiscales que cumplir lo que está claro es que el presupuesto a presentar debe estar equilibrado entre gastos e ingresos y la reducción de ingresos que se estima es "importante", en palabra de Pineda, por la recesión económica vinculada a la crisis del coronavirus.
Pineda y su equipo esperan poder presentar en quince días un borrador definitivo de presupuesto para 2021 que se abra a la negociación política. Antes quieren saber el detalle del último movimiento del Gobierno central y, sobre todo, tener definidas las condiciones de las entregas a cuenta que recibirán desde el Gobierno central y los dineros que puedan llegar desde los fondos europeos y estatales impulsados para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Un ejemplo. Gijón ha optado a tres millones de euros del fondo de transportes para compensar el déficit de Emtusa. De conseguirlos por esa vía se reduciría la necesidad de transferir fondos municipales a la empresa de autobuses.
Esos quince días servirán también a la concejalía de Hacienda para "limar" las aspiraciones de dinero de todos los departamentos municipales y cerrar la negociación de las ordenanzas fiscales, que la semana que viene se abren de manera oficial a las enmiendas de todos los grupos políticos. El único gran cambio que propone el gobierno de PSOE e IU es eliminar el IBI diferenciado, que se aprobó para este año, pero nunca llegó a entrar en vigor por una decisión de la Alcaldía como apoyo a las empresas ante la situación de pandemia. Pineda aseguraba ayer estar abierta a debatir las propuestas de Podemos-Equo, que denunció que el gobierno había contestado con el silencio a su plan fiscal, donde es básico el "IBI para ricos".
