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La Abogacía del Estado rectifica y se suma a la acusación fiscal en el "caso Musel"

El letrado estatal anuncia su "mera adhesión" al escrito de la Fiscalía, después de que la jueza abriera juicio oral por el resto de acusaciones

La terminal de graneles sólidos del puerto de El Musel, Ebhisa, a la derecha, con los terrenos de la ampliación a la izquierda. ÁNGEL GONZÁLEZ

La Abogacía del Estado ha decidido ahora mantenerse como acusación en el caso Musel, por el supuesto fraude en torno a la obra de ampliación portuaria, anunciando a la jueza que instruye el caso su "mera adhesión" al escrito de acusación que ha presentado el Ministerio Fiscal, en el que sólo se presentan cargos por los supuestos delitos de fraude y de prevaricación contra los acusados.

La Abogacía del Estado había instado, en marzo de 2018, la apertura de juicio oral en el "caso Musel" por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación. Luego no llegó a formular acusación, cuando concluyó la instrucción, con lo que la titular del Juzgado central número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, dictó auto de apertura de juicio oral en base a los escritos de acusación presentados por el fiscal, la acción popular ejercida por el Observatorio Ciudadano Anticorrupción (OCAN) y la acusación particular ejercida por el expropiado del Alto Aboño, José Prendes. La Abogacía del Estado no ratificó su acusación entonces.

Aún no han trascendido los términos concretos del paso al frente que ahora ha dado la Abogacía del Estado, pero la "mera adhesión" apunta a que podría ceñir su acusación a los delitos que observa la Fiscalía Anticorrupción, entre los que no se encuentra el de malversación, como inicialmente había planteado la Abogacía del Estado en marzo de 2018. La malversación es un delito que lleva aparejada una pena de cárcel superior al de fraude.

De aquella fecha para acá no hubo nuevas diligencias de investigación por parte del juzgado instructor, sino que todo fueron recursos y alegaciones por parte de las defensas y escritos instando a acelerar los trámites por parte de la acusación particular.

De confirmarse el probable cambio de criterio de la Abogacía del Estado, aparcando la acusación por supuesta malversación, los cuatro ex altos cargos público encausados, y los 17 altos ejecutivos y directivos intermedios de los grupos ACS, FCC, OHL y Alvargonzález Contratas encausados, se librarían definitivamente de la petición de responsabilidad civil por el supuesto fraude, que la acusación popular, OCAN, había cifrado en 251 millones de euros (esa era la cifra en la que se incrementó el presupuesto de la obra al aprobar el modificado en el que se aumentaron los precios de los materiales de cantera), ya que la juez ha dado la razón a las defensas en el recurso que presentaron señalando que una acusación popular sólo puede exigir responsabilidades penales, pero no civiles.

Tampoco parece probable que la Abogacía del Estado secunde la petición del fiscal de que se condene a la Autoridad Portuaria de Gijón como responsable civil subsidiaria por la supuesta prevaricación en la expropiación del Alto de Aboño.

Por ese motivo, el fiscal reclama que se indemnice a José Prendes con 8,31 millones de euros (cifra controvertida, pues la propia acusación particular reduce su petición a 2,5 millones por la expropiación y 950.000 daños morales). Que la Abogacía del Estado actúe como acusación contra los 21 encausados en este procedimiento penal es compatible conque defienda que no se declare a la Autoridad Portuaria, un ente estatal, como responsable civil subsidiaria. Una dicotomía por parte de la Abogacía del Estado, de acusación a cargos públicos y defensa del organismo al mismo tiempo, de la que ya hay precedentes en otros casos.

La ampliación de El Musel se adjudicó en enero de 2005 en 499 millones de euros más IVA y un plazo de 46 meses. Acabó costando 708,7 millones y prorrogándose 22 meses. El fiscal ve indicios de irregularidades desde antes de la licitación de la obra hasta su conclusión, considerando que la obra se quería adjudicar a Dique Torres (UTE liderada por Dragados, del grupo ACS) y que desde el principio ya se contaba con un modificado del proyecto elevando el coste.

La investigación penal se inició tras un informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), que fue remitido a la Fiscalía y a la Comisión Europea. Esta última planteó en 2014 retirar los 247,5 millones de fondos comunitarios con los que había subvencionado la obra tanto por las supuestas irregularidades detectadas como por la demora del Estado en ejercer acciones penales contra los supuestos responsables del fraude, lo que a su juicio facilitaba la impunidad.

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