Ya está formalizada para el lunes la nueva convocatoria del Pleno donde se debatirán y votarán, todo por vía telemática, las ordenanzas fiscales de 2021 y ya está garantizado un lío político, pero también jurídico. Y es que un acuerdo plenario que incorpore a las ordenanzas la enmienda aprobada por la oposición municipal en comisión de Hacienda a favor de una bonificación del 75% en el Impuesto de Bienes Inmuebles a locales de copas y negocios hosteleros sin terraza "estaría viciado de ilegalidad por incumplir la normativa tributaria de devengo y gestión del IBI".

Esa es la advertencia del informe emitido desde la Secretaría del Pleno por Inmaculada Fernández Gancedo. Un informe que atiende las consideraciones realizadas en otro documento por las máximas responsables de la Intervención General, Belén Grana, y la jefa del servicio de Gestión de Ingresos, Pilar López Bobo, avanzado ayer por LA NUEVA ESPAÑA. Para ellas resulta "inviable dar trámite a la modificación propuesta en los términos planteados" ya que está llena de fallos técnicos. Entienden las dos funcionarias que el planteamiento correcto para hacer efectivo ese apoyo a los hosteleros que se fija en el espíritu de la propuesta son las ayudas directas.

La enmienda fue presentada por Foro y salió adelante gracias al apoyo de Ciudadanos, el PP, Vox y Podemos-Equo y ante el rechazo de los dos partidos que sustentan el gobierno, PSOE e IU, cuyos portavoces presentaron un voto particular mostrando su disconformidad con esa decisión. El apoyo de Podemos a la iniciativa forista fue la sorpresa que hizo realidad su aprobación y dio al traste con el plan inicial del gobierno local.

La enmienda está incorporada al dictamen así que, de no retirarla Foro como proponente, será votada. Si nadie de quienes la apoyaron en la comisión de Hacienda cambia el sentido de su voto -que es el objetivo de algunos de los movimientos que el gobierno está haciendo en las últimas horas- saldrá adelante. Si eso ocurriese, y tras esa advertencia de ilegalidad de la Secretaria General, la intención del equipo de gobierno pasa por retirar todo el proyecto fiscal lo que supondría una prórroga automática de las ordenanzas actuales recuperando vigencia el IBI diferenciado, o "IBI para ricos" como se le conoce popularmente. Esa subida al 0,79% del tipo para inmuebles comerciales, hosteleros, hoteleros o de oficinas con un valor catastral superior al millón de euros se aprobó para este año en un pacto de los tres partidos de la izquierda local pero no se ejecutó al decidir la Alcaldía su paralización por la crisis económica del covid-19.

En la propuesta fiscal del gobierno para el año que viene no se incluía el IBI diferenciado, cuyo rechazo comparten Ciudadanos, Foro, PP y Vox frente a la reivindicación de que ese incremento hace Podemos-Equo. Una segunda paralización parece improbable.

Así las cosas, los partidos se miran unos a otros para ver quien mueve ficha. Foro aseguraba ayer estar estudiando los informes pero nadie espera que de marcha atrás. Un cambio del sentido del voto en Vox tampoco serviría al ser solo dos concejales así que la atención se centra en Podemos, PP y, sobre todo, en Ciudadanos que con cuatro ediles es el principal partido de la oposición y siempre se ha mostrado más abierto a las negociaciones. Para Laura Tuero, portavoz de Podemos-Equo, ya es evidente que el gobierno y Ciudadanos han alcanzado un pacto fiscal sobre la base de que Gijón no tenga IBI diferenciado.

La situación se complica aún más si se tiene en cuenta que el debate municipal sobre la bonificación del IBI a los hosteleros tiene lugar al tiempo que las movilizaciones del sector en la calle con una gran manifestación en el horizonte.