No hubo sorpresa de última hora. Pese al distaciamiento en otros temas, PSOE, IU y Podemos-Equo impusieron su mayoría al aprobar la nueva ordenanza de Movilidad, que sustituye a la de Tráfico vigene desde 2002. Tanto Aurelio Martín, edil de Movilidad en el gobierno de PSOE e IU, como Laura Tuero, portavoz de Podemos, defendieron la capacidad de la nueva normativa para "conseguir una ciudad más amable y respetuosa y menos contaminada". Para Martín es una "ordenanza para convivir, no contra nadie, es respetuosa y protege a los más debiles. Nos pone en el siglo XXI".

A las normas fijadas en el articulado de la ordenanza se suman los acuerdos del pacto político entre gobierno y Podemos para mejorar el transporte público, crear nuevos bonos en Emtusa y, destacó Tuero, generar una línea de ayudas para los gijoneses que necesiten cambiar de coche por no tener distintitivo ambiental.

La oposición centró sus críticas en el sesgo ideológico de la ordenanza, el ataque directo al vehículo privado y las consecuencias directas para los gijoneses que supone la prohibición en 2022 de aparcar y en 2026 de circular para los vehículos sin distintivo ambiental. "Gijón no necesita una ordenanza que no contempla la realidad de esta ciudad. Gijón no es una ciudad contaminada y si hay muchos coches es porque la gente los necesita, no por capricho", concretó Eladio de la Concha (Vox). Mientras Ángeles Fernández-Ahúja, del PP, exigía no caer en la trampa de "el coche es malo y la bicicleta es buena".

José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, criticó el sistema de zonificación que puede supone que "ver plazas vacías que no puedan ser usadas por otros conductores". Pelayo Barcía, edil de Foro, ya adelantó que "si volvemos a gobernar o tener influencia en un gobierno la derogaremos" y auguró que se convertirá en "papel mojado" a su paso por los tribunales. "Solo utilizan el poder para prohibir. Señor Martín, usted detesta la libertad", le dijo al edil de IU.

Barcia y Martín se las volvieron a ver a cuenta de un ruego donde el forista acusó al gobierno de manipular al Colegio Oficial de Arquitectos para, en el futuro grupo de trabajo sobre el Muro que calificó de "farsa", sacar adelante el deseo del gobierno de mantener su peatonalización. "No hay nada predeterminado", le replicó Martín.