El proyecto económico del equipo de Ana González para el Gijón de 2021 acaba de dar su primer paso al fijar parte del capítulo de ingresos. Y es que el Pleno dio ayer su aprobación inicial a las ordenanzas fiscales del año que viene con los únicos votos a favor de PSOE e IU, los grupos que sustentan al gobierno. Ciudadanos y PP se abstuvieron y Vox y Podemos votaron en contra.

Foro decidió no ejercer su derecho al voto en este punto. Es el preludio al proceso judicial que han decidido abrir al entender que la Alcaldesa vulneró el reglamento en la sesión plenaria del lunes para favorecer que se retirara la polémica rebaja del IBI a la hostelería que ellos impulsaban y tenía una aprobación inicial en comisión de Hacienda, pero sobre cuya inviabilidad e ilegalidad informaron los técnicos municipales. El Pleno de ayer duró poco más de diez minutos al limitarse a votar el documento final de lo debatido el lunes. Desde Foro se cargó también contra los dos partidos que se abstuvieron al entender que “han picado ante la estrategia del PSOE”

Sí votaron los ediles foristas –en contra en ambos casos– las ordenanzas de agua y alcantarillado de la EMA y de recogida de basuras de Emulsa. Ambas salieron adelante con los votos a favor de PSOE, IU, Podemos y Vox y la abstención de PP y Ciudadanos. No hubo problemas con las tarifas de Cegisa para los cementerios municipales: unanimidad. En los tres casos se congelan las cifras de este año. El matiz en Emulsa y EMA es que se incorpora la posibilidad de acudir a la vía de apremio para el cobro de cantidades impagadas.

La congelación es, también, el eje general de los tributos y precios públicos para 2021. La gran novedad, fiscal y política, es la eliminación del IBI diferenciado, o popularmente “IBI para ricos”, que sí estaba en el documento de este año aunque nunca se llegó a aplicar. Esa eliminación fue el motivo del rechazo de Podemos al proyecto, por un lado, y de la abstención de Ciudadanos y el PP, por el otro, que no quisieron dejar resquicios a que la subida del tipo para inmuebles de actividad hostelera, comercial, hotelera, de aparcamientos y oficinas de más de un millón de euros pudiera llegar a ejecutarse.

El resto de los cambios son de menor calado y tienen que ver con precios públicos del Patronato Deportivo y con las tasas de tramitación ambiental de apertura de establecimientos y licencia de apertura de zanjas y la de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público de las instalaciones de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.