La sala de contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso que los vecinos de la colonia de El Pisón habían interpuesto en marzo de este año con la intención de paralizar nuevamente la puesta en marcha de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Gijón-Este, lo que supone un paso más hacia su puesta en marcha definitiva. Así, habían presentado un incidente de ejecución de la sentencia que en su día había anulado el estudio de impacto ambiental que decidió situar en ese emplazamiento la depuradora, solicitando de este modo anular la nueva declaración de impacto ambiental que en noviembre del pasado año otorgó el Ministerio de Transición Ecológica a la instalación. Una declaración que facilitó finalizar su construcción y su puesta en marcha.

Los vecinos alegaban que esta nueva declaración había sido dictada por la administración “con la finalidad de eludir” el cumplimiento de dicha sentencia y “en fraude de ley”, asegurando que las ubicaciones alternativas estudiadas para la depuradora “son irrealizables urbanísticamente”. A ello, esta nueva sentencia contesta que, si bien es cierto que el pronunciamiento anulatorio se basaba en la “irregular sustanciación” de la declaración de impacto ambiental de la depuradora, la nueva declaración realizada el pasado año “analiza cinco alternativas de emplazamiento de la línea de agua (todas las alternativas consideran el tratamiento de fangos en la EDAR “La Reguerona”) y concluye que la mejor alternativa desde los puntos de vista ambiental, técnico, territorial y económico es la alternativa 1, La Plantona”, es decir, la instalación que actualmente existe.

Este fallo es un nuevo avance hacia la puesta en marcha de la estación depuradora, cuya falta está detrás de gran parte de la cuantiosa multa que España está pagando por incumplir la normativa comunitaria sobre saneamiento de aguas residuales, cifrada en 12 millones de euros más 60.000 euros diarios hasta que se solucione el problema.

No obstante, ante esta sentencia cabe recurso de casación ante la sala, por plazo de un mes. Además, los vecinos de El Pisón mantienen en liza un recurso contencioso-administrativo independiente para intentar volver a paralizar la puesta en marcha de la instalación.