La indemnización de 9.000 euros que, tal y como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, recibirá José Antonio L. Ll. por los casi tres años que pasó en prisión acusado injustamente del crimen del hostelero y dueño de la cervecería Carvi, Juan Carlos Roces, vuelve a poner de manifiesto la inexistencia de una ley o norma que cuantifique el daño a aquellos ciudadanos que se han visto privados de su libertad y luego han salido absueltos. ¿En qué criterio se basa o cómo cuantifica la Audiencia Nacional esa reparación económica? “En nada”. “El problema es que no hay criterios prefijados, lo que supone dejar al afectado en una situación de indefensión. Estos supuestos requieren de una legislación específica que facilite la recuperación de su vida al afectado de forma ágil y eficaz”, valora la abogada Ana Gloria Rodríguez, que lleva litigando por esa indemnización desde 2016.
La sentencia de la Audiencia Nacional hace mención a la posibilidad de tomar como referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) o el baremo para las indemnizaciones de tráfico para responder a la demanda de José Antonio L. Ll. No obstante, declina al final basarse en esos criterios y establece los 9.000 euros sin ninguna justificación.
Si se compara esa cifra por haber estado tres años encarcelado sin merecerlo con otras indemnizaciones resulta “aún más irrisoria”. “El Supremo, por ejemplo, viene fijando una compensación por aparecer injustificadamente en listados de morosos con cuantías que oscilan entre los 4.000 y 6.000 euros o más. O los accidentes de tráfico, que, aunque solo sea una lumbalgia que te haga estar de baja se te concede casi diez veces más”, reflexiona la abogada.
La sentencia, eso sí, no deja de ser novedosa, pues desde este año existe un cambio en la jurisprudencia y hasta ahora no era nada habitual que se indemnizase a una persona absuelta por su estancia en prisión. La legislación española establecía que solo se llevase a cabo en el caso de inexistencia del hecho juzgado. Los tribunales optaron por hacer una interpretación flexible e incluir aquellos casos en los que la absolución se debiese a la vulneración de la presunción de inocencia, a la existencia de motivos de nulidad en la causa, o a otras circunstancias, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbó esa fórmula porque eso implicaba “valorar la absolución”. “Si una persona es absuelta, es igual de inocente que otra, con independencia de la motivación jurídica de la sentencia absolutoria”, explica Ana Gloria Rodríguez.
El cambio por el que se ha beneficiado José Antonio L. LL. llega tras el pronunciamiento del Constitucional que anula el precepto legal que se refería a “inexistencia del hecho imputado”, lo que implica que tras una absolución procederá siempre una indemnización por prisión preventiva por el perjuicio ocasionado a quien la sufrió, como en este caso.
“Él perdió tres años, pero yo lo perdí todo”, dice la viuda de la víctima
“Solo siento impotencia, se me ha vuelto a caer el mundo encima”. Carmen Rodríguez, viuda del fallecido Juan Carlos Roces, explica así su sensación tras saber que José Antonio L. Ll., el único juzgado por la muerte de su pareja, además de ser absuelto, será indemnizado con 9.000 euros. La Policía Nacional, por su parte, asegura que la investigación de este crimen que conmocionó a Gijón en marzo de 2010 “sigue abierta” y que no hay previsión de cerrarlo, aunque tampoco parece que hayan surgido pistas nuevas que puedan indicar hacia cualquier otro sospechoso. “Yo tenía tan claro que fue él y que le iban a condenar, no sé cómo sentirme, no sé cómo se puede cerrar este asunto. Yo solo quería que se hiciese justicia, pasar página. Es como si me lo hubiesen matado otra vez”, relata la afectada. Rodríguez asegura haber pasado por un infierno esta última década y que la ausencia de una condena firme que resuelva el caso de su marido le impide seguir adelante. “Todavía espero a que pueda volver a casa. Siento que todo sigue igual, que estamos como entonces. Ya no entendí la absolución, no sé qué pensar. Él (el absuelto) habrá perdido tres años de su vida, pero yo lo perdí todo: mi marido, mi piso, mis negocios. No me quedó ni una pensión de viudedad. ¿Es eso justo?”, lamenta Rodríguez.
