El covid-19 es sinónimo de crisis sanitaria, pero también de crisis económica y de crisis social. A la última ha tenido que hacerle frente en primera línea la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que preside la concejala socialista Natalia González. Todo lo programado quedó en un segundo plano ante la necesidad de atender con urgencia a muchas familias a las que el coronavirus golpeó sin fiebre ni hospitalización.
–Ya van ocho meses de pandemia, ¿aguantan las costuras de la Fundación la presión del covid?
–Aguantamos en el sentido de que hemos gestionado a tope todo lo que creíamos que había que gestionar y que hemos ido modulando a medida que se fueron sucediendo los acontecimientos. Todo ello con mucho esfuerzo de reordenar cosas y de personal, que está dando de si todo lo que puede dar. Desde luego todo lo que teníamos previsto, absolutamente todo, saltó por los aires en marzo. Con el actual escenario de contagios lo que no tenemos clara es la demanda que está por venir y que deberemos atender. A nivel social creo que el covid nos llevará a tener que reordenar todo 2021 e incluso quedará alguna secuela.
–¿Qué están más al límite los recursos económicos o los recursos humanos?
–En lo económico hemos ido, a través de modificaciones, inyectando dinero de unas partidas donde había a otras donde no había suficiente. Un ejemplo claro son las ayudas de emergencia donde ahora tenemos un compromiso que supera los 3,5 millones, y eso no estaba para nada previsto. Pero esos recursos hay que gestionarlos y es en la gestión donde se ha hecho el mayor esfuerzo. La gestión implica personal e implicar tener herramientas a su disposición.
–¿A cuantas familias hubo que ayudar?
–A 31 de octubre, se habían concedido 2.027 ayudas que se corresponden con 1.629 familias.
–¿Qué nuevo perfil de solicitante de ayudas trajo el covid?
–Con las ayudas económicas el perfil es muy variado. Desde personas que estaban esperando cobrar un ERTE y que hubo que apoyar en un momento determinado hasta personas en situación irregular que no podían acceder a otras ayudas y a las que hubo que aportar apoyo y alimento.
–¿Y si la petición de sus ayudas va a más?
–Tenemos que ver en los próximos meses el efecto que producen el resto de las ayudas. Pensemos que se está implementando el ingreso mínimo vital y hay que ver, también, como queda el salario social básico; luego están las ayudas dirigidas a personas en ERTE o que tenían hasta ayer un trabajo. En marzo hubo un parón completo de la actividad y se puso en evidencia que había personas que estaban en una situación muy muy vulnerable con tenían apoyos en una economía informal que de repente se paró. Ahora no es igual aunque en octubre vivimos un repunte en las ayudas de emergencia que en verano habían parado un poco.
–¿En que situación deja a la Fundación la anunciada prorroga presupuestaria municipal para el año que viene?
–El presupuesto aprobado para 2020 no es un mal presupuesto. Tenemos dinero en partidas que nos permitirá abrir esos primeros meses y hacer frente a lo ya comprometido; luego se irá a modificaciones para ir amoldándonos. No es el peor de los escenarios.
–Este año tiraron de sus propios remanentes, ¿queda algo en la hucha?
–La hucha se agotó, queda lo necesario para hacer frente a lo que llaman tensiones de tesorería, pero hay partidas donde no se ejecutó lo previsto por la pandemia y eso generará remanentes para 2021. Lo importante es tener el dinero adecuado en el cajón adecuado.
–Pero el anteproyecto para el año que viene ya les sumaba 2,7 millones más que este año. Ese dinero lo van a necesitar.
–Es evidente que si porque hay que cubrir aumentos como el del nuevo contrato de ayuda a domicilio pero tenemos nuestros remanentes y se pueden conseguir transferencias del Ayuntamiento.
–¿Están garantizadas las aportaciones a las entidades sociales con las que se tienen convenios?
–Mayoritariamente son convenios plurianuales y si no lo son trabajamos con la previsión de la prórroga. Pueden estar tranquilas, lo que tenían en 2020 lo van a tener. Luego pretendemos reforzarlas igual que hicimos este año con quienes estuvieron más en el día a día de la respuesta ante el covid.
–El nuevo contrato de ayuda a domicilio ha sacado a las trabajadoras a protestar a la calle.
–Este contrato recoge, por supuestísimo, el convenio colectivo, pero también todas las mejoras adquiridas en los últimos pliegos, incluidas la paga de 600 euros y la media hora de descanso. Lo que no recoge son las dos condiciones especiales de ejecución porque el contrato se hace con la nueva ley y hay sentencias e informes que dicen que no se puede hacer. Están todas las mejoras que pueden estar. Da la sensación de que en Gijón las condiciones de trabajo son peores que en otros ayuntamientos y no es así, para nada.
–¿La polémica tiene como trasfondo el interés de algunos por conseguir la remunicipalización del servicio?
–Posiblemente esté detrás de todo. Esa es una posibilidad que se abrió en un momento determinado y que se cerró porque el secretario del Ayuntamiento dijo que no se podía llevar a cabo. Y no fue este gobierno el que lo frenó, fue el anterior.
–Este gobierno local tampoco recuperó la posibilidad.
–Insisto en que hay un informe que dice que no se puede llevar a cabo. En todo caso, cualquier municipalización de un servicio debe plantearse desde la perspectiva integral de ese servicio y aquí solo se plantea desde la parte que tiene que ver con las condiciones laborales de las trabajadoras. Del servicio se habló muy poco hasta ahora. Y en cuanto a lo laboral hay muchas dudas de cómo afectaría a las propias trabajadoras, de que pudieran mantener su empleo sin someterse a algún sistema de oposición.
–El debate sobre los bonos de descuento para activar el consumo ha llevado a que se vuelva a reivindicar, entre otros por el comercio, la renta social. ¿Esa puerta está cerrada? ¿Entornada?
–Yo me pregunto si alguien sabe bien lo que es la renta social. Es cierto que ha vuelto a salir pero sale ligada a un método de pago o de control cuando lo que se planteó en su momento era una renta básica de ciudadanía a efectos municipales, que pasó a convertirse en unas ayudas finalistas a través de una tarjeta para que fuera compatible con el salario social. Ahora no tenemos los remanentes de entonces y el contexto es muy distinto. En este 2020 lo que hubo fue un acuerdo presupuestario con IU y Podemos, con quien se estuvo hablando hasta que en marzo, con el estado de alarma, el asunto quedó apartado. Dicho esto, es cierto que yo tengo un millón de euros en el presupuesto para ayudas complementarias a personas en mayor situación de vulnerabilidad que se definirán en las próximas semanas y se abonarán antes de final de año. Que las llamen renta social o no... yo no me meto en el nombre.
–¿Unas ayudas vinculadas a esos bonos de lo que se habla?
–Nada que ver. Y aunque no creo que sea función de los servicios sociales hacer política de promoción y empleo también es cierto que en la medida que en una ayuda finalista pueda tener repercusión en el comercio local, bienvenido sea. Lo que está claro es que ese millón de euros en ayudas complementarias no quedará sin gastar.
“Emvisa está volcada en ampliar sus viviendas”
–El consejo de administración no aprobó la previsión presupuestaria para la Empresa Municipal de Vivienda, ¿genera alguna dificultad a la empresa y las ayudas que concede?
–No tiene una repercusión práctica. En Emvisa nos está pasando como en la Fundación que todavía no sabemos bien qué está por venir. Ahora mismo para los afectados por el covid hay ayudas estatales y autonómicas en materia de vivienda; así que nosotros atendemos lo que veníamos atendiendo.
–El problema llegará cuando se acaben esas otras ayudas.
–Exacto y es un escenario incierto porque no sabemos su duración y, por tanto, cuando tendremos que reforzar nosotros. Ahora mismo en Emvisa estamos muy volcados en ampliar el parque de vivienda.
